Giro de 180º en tu pensión: palo del Gobierno a los mayores de 55 años que trabajen y cumplan este requisito

• Blanca Espada @blank7133
• Redactora de contenidos en OkDiario. Escribiendo para blogs y empresas de contenidos digitales desde 2007.
• • 25/06/2025 08:00
  • Actualizado: 25/06/2025 08:00

En la recta final de la vida laboral, muchos trabajadores miran con preocupación su pensión. Después de décadas cotizando, la expectativa es clara: una jubilación digna que les permita vivir con cierta tranquilidad. Sin embargo, cada nueva medida del Gobierno en materia de pensiones genera inquietud. El último cambio anunciado por la Seguridad Social afecta a un colectivo especialmente vulnerable: los mayores de 55 años que, aun cobrando una pensión por incapacidad, deciden seguir trabajando.

No se trata de una mayoría, pero sí de miles de personas que, por necesidad económica o por voluntad de mantenerse activos, compatibilizan la pensión con alguna actividad laboral. Ahora, ese intento de seguir aportando y mantenerse útiles puede salirles caro. Y es que, a partir de ahora, aquellos que cobren una pensión de incapacidad permanente total cualificada y decidan reincorporarse al mercado laboral perderán automáticamente un complemento económico que, para muchos, supone un verdadero salvavidas.

Este ajuste, que a primera vista puede parecer técnico o menor, tiene un impacto directo en los bolsillos de quienes ya parten de una situación complicada. Hablamos de personas con limitaciones físicas o psíquicas, mayores de 55 años, y fuera del mercado laboral, pero que desean volver al mismo.

Palo del Gobierno a los mayores de 55 años que trabajen

La pensión por incapacidad permanente total cualificada tiene unas condiciones muy específicas. Se concede a personas que, por enfermedad o accidente, no pueden seguir desempeñando su trabajo habitual, pero que podrían realizar otros empleos compatibles con sus capacidades. En esos casos, el beneficiario cobra el 55 % de la base reguladora.

Sin embargo, cuando el pensionista tiene más de 55 años y se encuentra en situación de desempleo, sin opción real de encontrar un nuevo trabajo, se le añade un complemento del 20 %, llegando así al 75 %. Este extra no es un regalo, sino una forma de compensar la evidente dificultad que supone, a esa edad y con una discapacidad, volver a encontrar empleo. Es un reconocimiento a su situación de vulnerabilidad.

Pero este complemento tiene una trampa: sólo se mantiene mientras la persona no trabaje en absoluto. Es decir, si decide emprender alguna actividad laboral, aunque sea a tiempo parcial, por cuenta ajena o incluso como autónomo, perderá de forma automática ese 20 % extra. Su pensión volverá al 55 %, aunque sus condiciones físicas sigan siendo las mismas. Esto, en la práctica, supone un castigo a quienes intentan salir adelante por sus propios medios.

Una medida con doble filo

Este nuevo criterio anunciado por la Seguridad Social no sólo genera desconcierto entre los afectados, sino que abre la puerta a un dilema complicado: ¿es mejor seguir inactivo y conservar el complemento, o trabajar y perder parte de la pensión? Para muchos, la respuesta no es fácil. Hay quienes necesitan ese dinero extra para llegar a fin de mes, pero también desean seguir sintiéndose útiles.

Además, no todos los empleos que pueden desempeñar estas personas son estables ni están bien remunerados. En algunos casos, el salario que recibirían por trabajar no compensa la pérdida del 20 % de la pensión, lo que desincentiva totalmente su reincorporación al mercado laboral. El resultado es una sensación de injusticia: se penaliza la proactividad, cuando lo lógico sería lo contrario.

Por si fuera poco, esta medida también establece que el complemento desaparece en cuanto se alcanza la edad ordinaria de jubilación. En ese momento, la pensión de incapacidad permanente se convierte automáticamente en pensión de jubilación, y el importe vuelve al 55 %. De nuevo, se aplica un recorte sin valorar la situación concreta de cada persona.

Obligación de notificar o arriesgarse a sanciones

Otro punto importante que deben tener en cuenta los pensionistas es que están obligados a informar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) si inician cualquier tipo de actividad laboral, por mínima que sea. No hacerlo no sólo implica perder el complemento del 20 %, sino que también puede suponer sanciones o incluso la obligación de devolver cantidades percibidas de forma indebida.

Este nuevo enfoque endurece los controles y pone bajo la lupa a quienes intentan mejorar su situación. Si antes existía cierto margen para compatibilizar empleo y pensión, ahora el terreno se ha estrechado considerablemente. La normativa busca cerrar puertas allí donde muchos solo quieren mantener su dignidad y su independencia económica.

Un escenario que genera incertidumbre

Este giro de 180º en las pensiones por incapacidad permanente total cualificada lanza un mensaje claro: cualquier intento de compatibilizar ingresos puede salir caro. Afecta especialmente a quienes superan los 55 años, un grupo de edad ya de por sí castigado por el desempleo de larga duración y por las dificultades para encontrar un nuevo trabajo.

Desde el punto de vista económico, el Gobierno busca ajustar el gasto en pensiones y mantener el equilibrio del sistema. Pero desde el punto de vista humano, la medida puede interpretarse como un palo injusto a quienes más lo necesitan. Personas con problemas de salud, mayores y sin alternativas reales, se ven obligadas a elegir entre trabajar o conservar su única fuente de estabilidad. En este contexto, muchos reclaman una mayor sensibilidad social y una revisión más flexible de las condiciones.