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Economía
Funcionarios

Los funcionarios cargan contra el Gobierno tras el fallo del Supremo: «La temporalidad se perpetúa por falta de reformas»

Los funcionarios reclaman que es necesaria una reforma que establezca sanciones ejemplares a los responsables de las administraciones que incumplan

  • Alicia Bonilla
  • Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

Los sindicatos y los funcionarios se han hecho eco de la sentencia del Supremo que ha descartado que el abuso en la contratación temporal en las administraciones públicas permita convertir automáticamente a los trabajadores en personal fijo si no han superado un proceso selectivo, pero que reconoce el derecho a exigir una indemnización por daños y perjuicios por abuso en la contratación temporal. En consecuencia, los funcionarios han cargado contra el Gobierno tras el fallo del Supremo denunciando que el principal problema de la temporalidad es que «se perpetúa por falta de reformas».

Por tanto, desde los sindicatos se hacen una serie de peticiones para acabar con la temporalidad a través de medidas eficaces. En concreto, desde el sindicato CSIF resaltan que una de las reformas necesarias es que hay que sacar a oferta de empleo público todas las plazas estructurales, que también incluyan a los interinos que llevan más de 3 años encadenando contratos.

Por otro lado, la segunda petición es que además hay que recortar plazos de ejecución de las ofertas de empleo público porque actualmente tardan 3 años y medio en desarrollarse.

Asimismo, se exige al Gobierno que se necesitan unos presupuestos que eliminen la tasa de reposición, tal y como acordó CSIF con Función Pública, el pasado noviembre en el acuerdo para la mejora del empleo público. De igual forma, sostienen que la tasa de reposición perpetua la contratación de personal interino, cuando surgen necesidades.

El Supremo desmonta la vía de la fijeza automática en el empleo público

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de junio de 2026, ha descartado que el abuso en la contratación temporal en las administraciones públicas permita convertir automáticamente a los trabajadores en personal fijo si no han superado un proceso selectivo, pero reconoce el derecho a exigir una indemnización por daños y perjuicios por abuso en la contratación temporal.

En concreto, esta resolución da respuesta al asunto que motivó la cuestión prejudicial resuelta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado 14 de abril de 2026 (asunto Obadal), y aplica la doctrina ya fijada por el propio Supremo en su sentencia de pleno de 11 de mayo de 2026.

Por tanto, esta nueva sentencia se acoge a la doctrina ya establecida, en el sentido de que la contratación temporal de personal laboral por parte de las administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad.

«Se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos», ha argumentado el Tribunal.