El cierre de fronteras para entrar en la UE desde terceros países se extiende hasta el 31 de diciembre
Las restricciones para entrar en la Unión Europea extienden. El Gobierno ha ampliado hasta el 31 de diciembre el cierre de las fronteras exteriores con el espacio Schengen, tal y como consta este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta manera, quedan prohibidos todos los viajes procedentes de terceros países a la Unión Europea que no sean imprescindibles. La primera vez que los socios comunitarios decidieron poner en marcha esta medida fue a mediados de marzo con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus.
Según la Orden publicada en el Boletín Oficial del Estado esta jornada la lista de países desde los que se sí se puede viajar al área Schengen cruzando las fronteras está formada por Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Uruguay.
En el caso de los residentes en China, incluyendo las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, queda pendiente verificar la reciprocidad.
Con la anterior modificación, Canadá, Túnez y Georgia quedaron excluidos de la corta lista de países desde los que se permite viajar libremente al área Schengen. «Esta Recomendación ha sido modificada en sucesivas ocasiones para ir adaptando el listado de terceros países a las circunstancias epidemiológicas», dice la Orden publicada en el BOE.
Por otra parte, la orden señala que no ha sido necesario aplicar aún el párrafo que se introdujo en la pasada modificación relativo a las denegaciones de entrada por motivos de salud pública, ya que la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, sobre los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España, no contempla esa opción. No obstante, se considera adecuado mantenerlo para una eventual aplicación futura.
Las excepciones
El cierre de las fronteras exteriores de la zona Schengen incluye excepciones. Sí que se permite acceder al territorio a los ciudadanos o residentes en la zona Schengen, trabajadores transfronterizos, estudiantes con su correspondiente visado, profesionales de la salud, incluidos investigadores sanitarios.
También pueden viajar los profesionales del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral, el personal dedicado al transporte de mercancías, el personal militar, diplomático o consular.
Impacto en el turismo
El cierre de fronteras y las restricciones para viajar tanto dentro como fuera del país están teniendo un fuerte impacto económico en el sector turístico. Desde la la Mesa del Turismo han aumentado hasta los 135.000 millones de euros las pérdidas a las que se enfrenta el sector en 2020 debido a la pandemia del coronavirus. En este escenario, y con el objetivo de recuperar parte del negocio perdido en este año negro, los profesionales turísticos han exigido la puesta en marcha inmediata de corredores seguros.
«La inversión en test realizados a los turistas en sus aeropuertos de origen y la repetición de esos test a su salida supondría una partida nimia en comparación con el ahorro directo que obtendría el Estado de la reactivación económica del sector y la desafectación de miles de trabajadores de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (erte)», decía recientemente el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas.
En Canarias, una de las zonas más castigadas por la ausencia de turistas, tanto nacionales como internacionales, el Parlamento ha aprobado por unanimidad un decreto ley del Gobierno que exige a todos los turistas que lleguen a las islas que presenten un test negativo de coronavirus para poder entrar y alojarse en las islas.
El test, que puede ser una prueba PCR o un test rápido de antígenos, tendrá que realizarse 72 oras antes de entrar en territorio canario o llegar al establecimiento (tanto hoteles como viviendas vacacionales o apartamentos), que serán los responsables de garantizar que se cumpla y ejecute la norma.
Los grupos que apoyan al Gobierno han descartado que el decreto se tramite como proyecto de ley por procedimiento de urgencia. La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, ha comentado que el decreto busca «garantizar la seguridad» en toda la cadena de valor del turismo, en línea con los criterios el plan ‘Canarias Fortaleza’, y defendió la urgencia de la medida en la «necesidad de tomar decisiones urgentes» para afrontar la crisis sanitaria y económica.
Ricardo Fernández, del Grupo Mixto (Cs), ha dicho que el decreto «llega tarde» pues debió aprobarse en junio, y mostró su extrañeza de que los menores de seis años no estén incluidos en la medida ni tampoco los residentes canarios. «Lo veo flojo y voluntarista, aunque es un avance», decía y aunque hasta ahora está funcionando bien, ha mostrado dudas con la veracidad de los documentos que pueden presentar los turistas.
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