Fomento intenta salvar las autopistas de Madrid para evitar que cierren en octubre

Las autopistas de peaje están en peligro de extinción en España. Los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, tienen en mente retirar los peajes de las carreteras a medida que se vayan acabando las concesiones y abrirlas al público sin coste alguno. Las radiales de Madrid R-3 y la R-5 son las últimas en sumarse al plan de nacionalización del Gobierno.

El problema fundamental de esta medida es que generará una presión sobre las cuentas públicas españolas, ya que todo el coste de mantenimiento lo deberá afrontar el Estado. Los impuestos sustituirán a los peajes.

El ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, aseguró este lunes que se tomará una decisión coherente: «Si el juez resuelve que deben quedar en manos del Estado, lo acataremos y haremos todo lo posible para formar parte de una solución equilibrada que garantice el servicio de las vías y los puestos de trabajo, y sea coherente sobre lo que los jueces decidan».

Ahora, las radiales de Madrid R-3 y R-5 se encuentran en fase de liquidación tras la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid el pasado mes de mayo ante la negativa de la banca acreedora de aceptar el plan de rescate diseñado por el ministerio de Fomento. Si el Gobierno no lo remedia, ambas autopistas cerrarán al tráfico el próximo 1 de octubre.

A tan sólo quince días de la fecha límite, el Departamento ministerial ha comenzado a negociar «intensamente y en estrecha colaboración» con la administración concursal de las dos autopistas con el único fin de garantizar la continuidad del servicio.

El plan de nacionalización se produce en un contexto en el que el tráfico en las autopistas españolas no para de crecer. El volumen se disparó un 9,13% durante el pasado mes de julio en comparación a un año antes, de forma que las vías de pago contabilizaron una media de 21.487 vehículos diarios. En concreto, la R-3 elevó un 5,6% el número de usuarios diarios en la primer mitad del año, hasta una medida de 10.523 vehículos, y la R-5 lo disparó un 9,8%, hasta 7.325 conductores.

La liquidación se sumó a las que ya se habían decretado para otras autopistas, la M12 que conecta Madrid con el aeropuerto de Barajas y la AP-36 Ocaña-La Roda. Todos los casos fueron recurridos por el Ministerio ante la Audiencia Provincial con el fin de demorar la disolución y ganar tiempo para lograr una solución conjunta a todas las vías.

No obstante, en el caso de la R-3 y la R-5, participadas por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia, el juez dictó la liquidación «sin efectos suspensivos» y dio un plazo de cinco meses para ejecutarla, «ordenando» a sus empresas concesionarias «dejar de cumplir el contrato concesional y el cese total de actividad empresarial de las vías concursadas a partir del 1 de octubre de 2016».

Otro caso similar es el de la AP-7. Abertis afrontará en los próximos años un duro golpe en su cuenta de resultados. Según fuentes tanto populares como socialistas, no pasa por la cabeza de ninguno de los dos partidos prorrogar la concesión de la autopista AP-7, la joya de la corona de los activos de la compañía.