Ferrovial confirma al Gobierno por escrito que mantiene su plan de marcharse de España

Cruce epistolar entre Ferrovial y el Gobierno de Pedro Sánchez. El consejero delegado del grupo constructor, Ignacio Madridejos, ha confirmado por escrito al Gobierno que la opción preferible es la doble cotización desde los Países Bajos, una operación que responde a una pluralidad de razones que no son fiscales y espera que las instituciones respeten la decisión de los accionistas.

Madridejos contesta a la misiva remitida la víspera por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, y le traslada que no comparte con el Gobierno que no haya una motivación económica en este proyecto de fusión.

Ferrovial insiste en que la doble cotización desde los Países Bajos es una alternativa «expedita y bien conocida», mientras que la posibilidad de lograrla desde España carece de precedentes y se encuentra sujeta a interrogantes técnicos y operativos que, en el mejor de los casos, harían incierto el calendario de su hipotética implementación. Por ello, confirma, «el consejo de administración de Ferrovial ha considerado preferible para el interés social recurrir a vías ya contrastadas de cotización directa».

No obstante, el primer ejecutivo del grupo constructor controlado por la familia Del Pino agradece al Gobierno y a las administraciones públicas el compromiso para impulsar el acceso de las empresas españolas en los mercados internacionales y para explorar la vía de la doble cotización en las bolsas estadounidenses, y espera que en el futuro las empresas españolas puedan beneficiarse de esta posibilidad.

El consejero delegado de Ferrovial recuerda que ningún emisor ha planteado esta posibilidad en España, no ha habido hasta la fecha ninguna sociedad cotizada española con sus acciones admitidas directamente a negociación en EEUU, mientras que existen numerosos ejemplos de sociedades domiciliadas en otras jurisdicciones europeas cuyas acciones cotizan directamente en EEUU.

Ferrovial señala en su carta, a la que ha tenido acceso Efe, que la operación propuesta a sus accionistas está justificada por una pluralidad de razones, no solo en la posibilidad contrastada de cotizar directamente en EEUU.

«La fusión planteada es una operación ilusionante que ha tenido el apoyo unánime del consejo y que espera que merezca el beneplácito de sus accionistas», mantiene la constructora a la espera de que el jueves se celebre la junta de accionistas a la que someterá a votación este traslado.

También subraya que inversores institucionales relevantes y entidades independientes como los proxy advisors (asesores de voto) Glass Lewis o ISS apoyan la propuesta, lo que Ferrovial entiende como un motivo de satisfacción.

Después de que el Gobierno cuestione en su carta la motivación económica del proyecto de fusión, la compañía entiende que está aludiendo a que las autoridades competentes objetarán que la fusión se acoja al régimen de neutralidad fiscal.

«Si fuera el caso, la Secretaría de Estado de Economía no debería prejuzgar ni condicionar el criterio puramente técnico que correspondería aplicar a otros organismos», asegura Madridejos.

Ferrovial agrega que son los accionistas los que deben valorar la operación, anunciada a finales de febrero, e insiste en que este traslado no se propone por motivos fiscales, ya que los impuestos que pagará la empresa después de la operación serán muy similares a los que abona en la actualidad.

El consejero delegado de Ferrovial traslada al Gobierno su «inequívoco compromiso» con España y su confianza en las instituciones e insiste en que respetará la decisión que adopten los accionistas de la sociedad en el ejercicio de una libertad fundamental conocida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como es la libertad de establecimiento.

La operación, reitera, no afectará a la continuidad operativa del grupo Ferrovial en España, donde se mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización. En este sentido, manifiesta que la empresa mantendrá su contribución fiscal en España como lo ha hecho hasta ahora y propiciará oportunidades de negocio en el exterior para sus proveedores, muchos de ellos pymes, con el fin de impulsar la competitividad de la economía española.