Expertos denuncian la situación crítica de los acuíferos en España y la pasividad de la Administración

La situación de las aguas subterráneas es España es crítica y las administraciones no están haciendo lo suficiente para evitar un «panorama negro» de los recursos hídricos, según ha denunciado un grupo de expertos en el marco las jornadas El agua y el futuro de los suministros sostenibles: Visión2020+, organizado por el Instituto Coordenadas.

Durante las jornadas, el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, ha advertido del «alto grado de disfunción entre la gravedad del problema y las acciones emprendidas por las administraciones públicas».

Además, en los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el entorno de Doñana se han cerrado unos 250 pozos y 11 depósitos privados; en la cuenca del Segura, se han tramitado, desde 2013, orden firme de clausura para un total de 300 pozos; en la del Tajo, se han incoado 117 expedientes sancionadores en los tres últimos años; en la del Guadiana, se han clausurado 87 pozos desde 2010, y en la cuenca del Júcar, se han registrado 59 expedientes sancionadores sobre derivaciones o extracciones de aguas sin título legal que lo ampare.

Sin embargo, Lambás considera que se trata de «una gota de agua en medio de un océano», ya que el mismo Ministerio admitía en 2006 la existencia de 510.000 pozos ilegales en España y la organización Greenpeace afirma que son más del doble.

Esto ha llevado a que por ejemplo, el Parque Nacional de Doñana esté en una situación «crítica» por el uso ilegal de su acuífero para el riego de cultivos, «ante la pasividad de las autoridades andaluzas y españolas», según Lambán.

«Su preocupante estado acabará pasando factura a la economía y el medio ambiente andaluz», advierten los expertos.

En la sesión, el consultor internacional en agua Ramiro Aurín ha detallado los riesgos latentes que giran en torno al agotamiento de los acuíferos, pero también a la contaminación de las aguas subterráneas, que sufren «los mismos» problemas de salinización y de contaminación por residuos urbanos e industriales o por un uso excesivo de fertilizantes y pesticidas que otros acuíferos.

Por su parte, el abogado y economista Lorenzo Dávila ha destacado que el agua subterránea sigue siendo barata comparada con el agua que proporcionan presas y trasvases que «suele estar fuertemente subvencionada y que no se rige por parámetros de rentabilidad».

Mientras, el exministro de Trabajo Valeriano Gómez ha incidido en que el «nivel de preocupación por la sobreexplotación de los acuíferos es máxima en todos los organismos internacionales, que se enfrentan a una situación enormemente compleja, directamente interrelacionada con el cambio climático» y ha recordado que, precisamente, en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en París en 2015, quedaba «patente» el papel del agua en el reto a abordar a nivel planetario.

El panel de expertos del Agua invitado por el Instituto Coordenadas ha recordado también algunos datos para enmarcar el problema del agua en un mundo cada vez más interdependiente: sólo el 0,007% del agua existente en la tierra es potable, una cantidad que se reduce año tras año debido a la contaminación, lo que es indisociable con el hecho de que más de 1.100 millones de personas en el mundo carezcan de acceso directo a fuentes de agua potable.

En definitiva, consideran que pese a la red de control existente y las medidas que se adoptan en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua de la UE, como en el caso de la producción de purines y debido a la cada vez mayor falta de pluviosidad, los problemas con las aguas subterráneas en España se advierten crecientes.