Galicia prevé ingresar 6.300 millones más al año tras apartar al juez podemita que abrió 216 juicios a parques eólicos

• Alba Martín @alba_mrtn
• • 09/06/2026 05:45
  • Actualizado: 09/06/2026 05:45

Galicia podría empezar a ingresar más de 6.300 millones de euros anuales tras apartar al juez de En Marea-Podemos, Luis Villares, de la sección que gestionaba los litigios sobre energía eólica y empezar a avalar casi un centenar de parques eólicos que llevaban más de tres años suspendidos.

Concretamente, gran parte de la región espera que a lo largo de los próximos meses se puedan recuperar 84 proyectos tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de dar luz verde a la legalidad del parque eólico Bustelo.

Esta resolución, según ha podido confirmar OKDIARIO, ha sido interpretada por la Xunta como un punto de inflexión para el desarrollo energético de la comunidad y llega poco después de que la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, María Azucena Recio, apartara de estos procedimientos a Villares «para garantizar la imparcialidad» de la Sala.

Desde el Gobierno gallego destacan que, tras las sentencias favorables a la Xunta en dichos más de 80 procedimientos, el TSXG mantuvo las suspensiones a la espera de la resolución sobre Bustelo, «a pesar de existir ya una línea jurisprudencial consolidada». Es por ello que esta nueva resolución del Supremo «abre la puerta al levantamiento inmediato de la suspensión de los 216 procedimientos judiciales pendientes que afectan a 84 parques eólicos y 4 infraestructuras de evacuación», aseguran fuentes de la Xunta.

El bloqueo eólico en cifras

La Asociación Empresarial Eólica de España (AEE) y la Asociación Eólica de Galicia (EGA) coinciden en sus estimaciones numéricas sobre el impacto que ha tenido en la región año tras año el bloqueo judicial sobre el sector eólico.

Según sus registros, las suspensiones cautelares del TSXG han afectado a más de 90 proyectos y han provocado la paralización de más de 2.500 megavatios (MW) de potencia. Esta situación, a su vez, ha impedido que entrara en Galicia una inversión -por cada año de bloqueo- de 6.300 millones de euros y que se generaran más de 3.000 puestos de trabajo.

A esto se le suma que la AEE calcula una pérdida de oportunidad de ahorro de más de 380 millones de euros al año en la factura de todos los españoles por la inexistencia de actividad en un gran número de parques eólicos de Galicia.

En esta línea, tanto la Xunta como las agrupaciones eólicas recalcan que tanto el Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dicho al tribunal gallego en varias ocasiones que sus parques eólicos están correctamente tramitados por el Ejecutivo regional -organismo que concede las citadas autorizaciones- y que la evaluación ambiental es conforme a derecho.

Sin embargo, ante toda esta jurisprudencia, la sección 3.ª de la sala 3.ª de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego no ha dejado de revocar permisos de construcción a parques eólicos que ya contaban con la debida declaración ambiental.

Un posible «conflicto de intereses»

El pasado mes de marzo, la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, María Azucena Recio, decidió apartar a Villares apelando a la necesidad de «salvaguardar la imagen de la institución y preservar la imagen de imparcialidad» del tribunal.

La decisión llegó después de que el Tribunal Supremo anulara hasta tres sentencias del TSXG vinculadas al Hospital Álvaro Cunqueiro, precisamente por la participación de Villares. Fuentes de la Xunta perciben que podía existir un «conflicto de intereses».

El Supremo dejó claro que las posiciones públicas del magistrado durante su etapa política como líder de En Marea, solicitando, por ejemplo, que el mencionado hospital pagase el IBI, proyectaban una duda objetiva sobre su neutralidad.

A esto se le sumaba la polémica actividad de su sección tercera del TSXG por la continua denegación de nuevos parques eólicos en Galicia. Su papel en el freno de los proyectos no pasó desapercibida, además de por la cantidad de suspensiones, por haber estado vinculado en su época como político con asociaciones ecologistas que luchaban contra su instalación.

Sin ir más lejos, numerosas peticiones de paralización de dichos parques eólicos llegaron por parte de Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde. Coincide que esta asociación está presidida por Nery Díaz Prieto, una de las elegidas en su día por el ahora juez para formar parte de su lista electoral en las elecciones autonómicas como cabeza de lista de En Marea.