Deloitte no ha entregado el informe definitivo de valoración del Popular porque la UE no lo ha pedido

Los abogados de los afectados por la intervención del Banco Popular y la opinión pública en general esperan que la auditora Deloitte entregue a la Junta Única de Resolución (JUR) el informe definitivo de valoración de la entidad financiera. Sin embargo, según ha podido saber OKDIARIO el organismo europeo no ha solicitado a la firma de servicios profesionales que haga este informe y da por concluido por ahora el trabajo de Deloitte con la entrega de la valoración provisional que le sirvió para justificar la intervención del banco español que presidía Emilio Saracho.

Esto supone una gran novedad y va a generar un importante revuelo en el sector financiero, ya que el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB) –dependiente del Ministerio de Economía, dejó muy claro cuando se produjo la intervención del Popular el pasado junio que el informe entregado a la JUR por parte de Deloitte era provisional y, que, por lo tanto, posteriormente se realizaría otra con menos urgencia y más datos que tendría el carácter de definitivo.

Fuentes financieras que trabajan con la JUR han confirmado a OKDIARIO que “Deloitte no ha recibido encargo alguno” para realizar el citado informe definitivo y que, si se produce otra valoración distinta a la preliminar entregada por la firma “la realizará otra entidad independiente que tenga la cualificación necesaria según la normativa europea”. Fuentes internas de la auditora así lo confirman.

Los despachos de abogados consultados indican que esto supone una irregularidad más dentro del proceso de resolución del banco que entonces presidía Emilio Saracho, que se suma a la falta de transparencia en el procedimiento y que mantiene todavía oculto –bajo la categoría de confidencial– el informe provisional (y único que hay por el momento) de valoración de Popular.

Fuentes del Ministerio de Economía que han visto ese documento indican que la auditora contemplaba tres valoraciones para el Banco Popular: una pesimista que atribuía un agujero de 8.200 millones de euros al balance de la entidad, otro neutro con una tasación de 2.000 millones negativos y un tercero favorable en el que el banco valdría 1.500 millones de euros.

El problema surgió cuando la JUR y el Banco Central Europeo (BCE) hicieron públicas las conclusiones del citado informe ocultando la valoración favorable y sólo haciendo referencia a las otras dos. Lo mismo hizo el FROB en su Resolución de la Comisión Gestora que supuso la intervención efectiva del Popular.  En aquel momento todos ocultaron también el nombre de la firma que había hecho los cálculos (Deloitte) y posteriormente se escudaron en el reglamento del Mecanismo Único de Resolución (MUR) para no hacer público el informe.

Los abogados que han recurrido la intervención ante las autoridades comunitarias y españolas consideran que el BCE y la JUR violaron el mandato legal de incluir el informe justificante de la valoración en la resolución del Popular.

“¿Cuánto valdría el banco si se hubiera optado por un mecanismo de insolvencia ordinario? Parece difícil pensar que la valoración fuera cero o negativa cuando sólo en ladrillo el Popular tenía 30.000 millones de euros en activos el año pasado, incluido el 9,2% de Metrovacesa”, señala Juan Ignacio Navas, socio director de Navas & Cusi. Este despacho solicita la nulidad de la intervención y, siguiendo lo marcado en el reglamento del Mecanismo Único de Resolución (MUR), reclama una valoración ex post de la entidad financiera para completar la realizada por Deloitte.

Por su parte, la OCU y el abogado Felipe Izquierdo han presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional instando al juez Fernando Andreu a que reclame a las autoridades europeas el informe provisional (ahora definitivo) Deloitte sobre la entidad, tal como avanzó OKDIARIO el pasado 13 de julio.

Los querellantes afirman que la decisión de la presidenta de la JUR, Elke König, respaldada por el BCE, de mantener el informe en secreto alegando que incluye “información confidencial”, atenta contra los «derechos fundamentales de los más de 350.000 afectados por la expropiación y expolio a la que se vieron sometidos la noche del 6 de junio” cuando las acciones del Popular pasaron a valer cero euros antes de venderse la entidad al Banco Santander.