Las constructoras españolas se hartan de López Obrador y pactan no concurrir a las licitaciones en México

• Patricia Sanz
• Abogado, periodista y máster tributario de Garrigues. Antes, asesora fiscal por Luxemburgo y España, ahora, redactora jefe de Economía de OKDIARIO.
• • 28/07/2023 06:45
  • Actualizado: 28/07/2023 06:45

Las grandes constructoras españolas dicen basta a las trabas del Gobierno de Andrés Manuel López-Obrador, presidente de México, también conocido como AMLO. El mismo político, que tras conocer los resultados electorales del pasado 23J en España se alegró por «la derrota del inhumano modelo conservador», ha logrado lo imposible en detrimento de su propio país: las filiales del Ibex han acordado un pacto de no concurrencia a las licitaciones ofertadas por la Administración Pública mexicana. Así lo ha podido conocer OKDIARIO de fuentes cercanas a la dirección de varias de ellas.

El acuerdo no escrito entre las mercantiles no responde sólo al vilipendio público protagonizado por el presidente mexicano contra ellas -hace apenas un año acusó a Iberdrola, Repsol, OHLA y el BBVA de «abusar» del pueblo de México por sus precios-, sino, y sobre todo, a las dificultades administrativas y judiciales interpuestas por las autoridades mexicanas a la correcta ejecución de las adjudicaciones.

«Estamos hartos de AMLO»

Así de contundentes se han mostrado a este digital diferentes trabajadores técnicos de las entidades españolas que se encuentran o han estado implicados de forma directa en las ejecuciones de las obras. «Desde hace tiempo no concurrimos a los macrocontratos que oferta el Gobierno mexicano porque siempre que empezamos a trabajar, tenemos que parar por una nueva norma que se inventa AMLO o una orden de un juez indirectamente monitoreado por el presidente», subrayan. «Y estamos hablando de adjudicaciones de millones de euros, con empleados españoles desplazados. Es decir; que se trata de un despliegue económico y humano cuya reversión nos cuesta mucho dinero y tiempo», agregan.

De hecho, hace apenas un año el presidente mexicano, AMLO anunció «una pausa» en las relaciones con España y, fue tal el revuelo, que el político no contento con agitar las aguas, aclaró que se refería a las empresas españolas. Según el mandatario, estas mercantiles «abusan» del pueblo por verlo como «tierra de conquista» e incluso acusó con nombre y apellidos a directivos de mercantiles españolas de utilizar subsidios para «favorecer a las empresas».

Venta del negocio mexicano

De hecho, hace apenas un mes, entidades como Iberdrola decidieron vender hasta el 55% de su negocio, pues son ya varias las empresas que han tenido problemas -y siguen en la actualidad según confirman a este periódico- para terminar la totalidad de la construcción adjudicada. Algunas fuentes de dentro de las constructoras confirman que han tenido «que cobrar el proyecto y dejarlo inacabado ante las complicaciones administrativas» que, aseguran, «provienen de orden directa del presidente» mexicano.

No parece que el caso de Iberdrola vaya a ser el último. Dentro de ese pacto verbal entre las compañías españolas se encuentra el objetivo de cerrar sus contratos «solo con entidades privadas y en ningún caso ya con la Administración».

Mejor a Perú, Chile o Colombia

Así las cosas, varias se están planteando mudar su filial «a otros países con mayor seguridad jurídica como Perú, Chile o Colombia» antes de que acabe el año. La pérdida que podría tildarse de millonaria para el erario público mexicano se cifra ya en más de 221.000 millones de dólares americanos (más de 20.000 millones de euros) la cartera de las constructoras españolas en Hispanoamérica. Tan solo en 2022, Sacyr se adjudicó contratos por un valor total superior a los 2.500 millones de euros (una segunda concesión de la Autopista Santiago-San Antonio o del reemplazo del puente ferroviario Biobío en Chile; o la recuperación del Canal del Dique o la malla vial del Valle del Cauca y del corredor Buenaventura-Buga en Colombia) y Acciona casi 500 millones (por la construcción del Hospital de La Serena o la planta desalinizadora Collahuasi en Chile).

Por su parte, Ohla casi 460 millones (por la construcción de los accesos Norte de Bogota (fase II) en Colombia o la Línea 7 del Metro de Santiago y la adecuación operacional Spence en Chile); ACS más de 220 millones (por dos tramos y los patios de trenes de también la Línea 7 de Metro de Santiago de Chile); FCC más de 4.400 millones (por la Línea 2 del Metro de Lima en Perú o la planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre en Colombia) y Ferrovial (aunque esta mercantil no informó oficialmente sobre la composición geográfica de su cartera).

Si no existe un cambio radical por parte del Gobierno mexicano -y AMLO aun gobernará hasta final del próximo año- podrían ser varias las constructoras españolas que podrían decidir mudar su negocio a otros países que como Chile, Perú o Colombia, ofrecen un entorno más favorable al desarrollo de las adjudicaciones públicas.