Competencia avisa de que las exigencias verdes del Gobierno a los centros de datos pueden cancelar proyectos

Al Gobierno se le están complicando los planes para con los centros de datos, pues, a falta de apenas unas semanas para que concluya el plazo que se dio para tener aprobado el nuevo Real Decreto que regulará el ingente volumen de inversión previsto en este sector (67.000 millones de euros), se le acumulan los dictámenes en contra por parte tanto de organismos oficiales como de empresas afectadas.

El último en alzar la voz ha sido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en un informe publicado el pasado 22 de septiembre advirtió de que el actual redactado de la norma puede entorpecer más que facilitar el desarrollo de esta tecnología. En el informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el organismo presidido por Juan José Ganuza pone el foco especialmente en los requisitos de consumo renovable que propone el Gobierno; concretamente, la obligación de que al menos un 80% del consumo de estas instalaciones se cubra con nueva generación verde.

Debido a este y otros requisitos verdes, «algunos proyectos inicialmente considerados en los escenarios de planificación podrían retrasarse, redimensionarse, desplazarse territorialmente o no llegar a materializarse en los términos inicialmente previstos», se lee en el informe.

Este es sin duda el punto más polémico del borrador que el Ministerio para la Transición Energética sacó a consulta pública el pasado mes de agosto, una exigencia que según el organismo supervisor convendría flexibilizar para que no se aplique en las horas del día en las que haya suficiente generación renovable disponible y, también, fijando una senda progresiva de cumplimiento hasta 2030.

Competencia justifica esta opinión en el exceso de capacidad eólica y solar que existe en este momento en nuestro país, y prueba de ello es que en el primer trimestre de este año el precio de la electricidad fue negativo durante 600 horas. En puridad, el argumento de la CNMC es que no tiene sentido plantear una obligación tan estricta cuando en nuestro país se producen vertidos de energía en determinadas horas del día, y por ello propone excluir del cálculo las horas en las que haya excedentes, precios de mercado muy bajos (iguales o inferiores a 20 euro/MWh) o bajas emisiones del mix.

El organismo también carga contra otra de las obligaciones más cuestionadas del Real Decreto, en virtud de la cual ese 80% de energía no-fósil deberá proceder de autoconsumo o de contratos a plazo firmados con instalaciones cuya entrada en funcionamiento no sea anterior en más de 18 meses a la del propio centro. Según se lee en el informe de Competencia, este margen temporal debería ser ampliado, así como el plazo de seis meses dado a los proyectos con permisos concedidos para acreditar el cumplimiento de estas condiciones.

La lista sigue con un varapalo al régimen sancionador planteado por el departamento que dirige Sara Aagesen, que contempla recargos -a aplicar sobre los peajes y cargos del sistema eléctrico- que van del 10 al 500% en función del incumplimiento. Para Competencia, aplicar estas sanciones sobre los peajes de transporte y distribución equivale a invadir una competencia que es del regulador, así que propone crear mecanismos ad hoc para multar a los incumplidores.

Se trata, en fin, del enésimo palo en la rueda que recibe el proyecto tras la miríada de alegaciones presentadas por las empresas afectadas. Y a pesar de ello, el Ejecutivo parece dispuesto a aprobar la norma y, además, a hacerlo antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre; o al menos, así lo aseguró ayer el ministro de Función Pública, Óscar López.