Ciudadanos da al Gobierno un mes de plazo para fijar el coste del rescate de las autopistas quebradas

Ciudadanos ha registrado una iniciativa en el Congreso para solicitar al Gobierno que determine e informe en el plazo de un mes sobre el coste que supondrá al Estado el rescate de las autopistas en quiebra, y que realice una auditoría de las empresas concesionarias con el fin de que se asuman parte de ese coste.

«Es el caso más exagerado del capitalismo de amiguetes y del pelotazo, que va a costar 5.000 millones a los españoles, una cantidad con la que podrían sufragarse todas las medidas sociales del pacto de Ciudadanos con el PP», indicó el portavoz económico de la formación Toni Roldán.

De su lado, el portavoz de Fomento de Ciudadanos, Fernando Navarro, subrayó que las previsiones realizadas por el Gobierno de José María Aznar, el que promovió las autopistas, eran «disparatadas» pero, a su juicio, no eran un error, sino que «estaban mal hechas porque interesaba hacer las radiales».

Según Ciudadanos, estas autopistas van a acabar siendo rescatadas por el Estado en vez de que las concesionarias asuman las pérdidas, como ocurriría con cualquier autónomo.

«Se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas, lo cual es un chollo para alguno pero un fracaso para el Estado», declaró. «Ya basta de esta política, los españoles no tenemos que pagar por el fracaso de la incompetencia de políticos», añadió.

En concreto, la iniciativa de Ciudadanos exige al Gobierno que, en el plazo máximo de un mes, redacte un informe en el que se detalle «el coste total» que supondrá a la Administración el rescate de las concesiones de las autopistas de peaje quebradas y los plazos temporales estimados para la recuperación de los recursos públicos empleados a tal fin.

En ese informe deberán detallarse también las alternativas al rescate que en su caso manejó el Gobierno y los motivos por los que fueron desechadas. En este punto, Ciudadanos pide saber el coste previsible, incluido los de mantenimiento que supondría optar por la gestión directa de las concesiones.

Asimismo, el partido naranja reclama que se encargue con carácter urgente una auditoría externa de las cuentas financieras de las concesionarias de las autopistas de peaje rescatadas para determinar la procedencia de las pérdidas de las mismas, así como de su deuda, de forma que se estudie un acuerdo proporcionado entre el Gobierno y las concesionarias, para hacerse cargo de su rescate, con el fin de lograr la situación menos gravosa para los ciudadanos.

De cara a futuro, Ciudadanos pide una reforma de la legislación relativa a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración ante las concesiones de infraestructuras, aprovechando la tramitación actual del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público.

Con esta reforma pretenden que no se exima por completo a las concesionarias del riesgo y ventura empresarial, y que, en caso de quiebra, las pérdidas se repartan de manera equitativa en lugar de ser asumidas en exclusiva por la Administración Pública.

Además, demandan una Oficina Nacional de Evaluación «verdaderamente independiente, transparente y libre de injerencias políticas y de intereses territoriales, tanto en su dirección como en su gestión», también aprovechando la Ley de Contratos.

Dicho organismo tendrá competencias para «evaluar y priorizar las inversiones de los nuevos planes de infraestructuras en función de su rentabilidad social, económica, financiera y de sus efectos sobre la cohesión social y vertebración territorial». Sus estudios e informes serán preceptivos y previos a los procedimientos de licitación en los proyectos de gran presupuesto u objeto de cofinanciación con fondos europeos.