Las CCAA del PP piden por carta a Montero financiación sin condiciones y que les pague las deudas

Consejo de Política Fiscal «urgente»

Para poder abordar las necesidades de financiación de las comunidades autónomas frente a la crisis sanitaria, los consejeros de Hacienda han reclamado que se convoque urgentemente el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Reclaman que se agilicen los trámites para que las autonomías empiecen a recibir las líneas de financiación extraordinarias aprobados por la Unión Europea para los países miembros afectados por el coronavirus. El objetivo es que en 2020 se puedan certificar ya los gastos de personal y de material sanitario derivados de la pandemia ligados a dichos fondos europeos.

Al mismo tiempo, se pide que las comunidades autónomas puedan beneficiarse también de unas condiciones más ventajosas a la hora de financiar su deuda en los mercados, como están planteando las instituciones europeas.

Reglas de estabilidad presupuestaria

Tanto Madrid, como Castilla y León, Galicia, Andalucía, Murcia y Ceuta consideran prioritaria la modificación de las reglas de estabilidad presupuestaria «para que se pueda contabilizar el gasto extraordinario relacionado con el COVID-19 al margen del cumplimiento de los objetivos de estabilidad para 2020, que seguirían quedando sujetos al presupuesto ordinario y con el que están comprometidas las seis regiones», detalla el comunicado del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se hace eco de la misiva a Montero.

En el terreno fiscal, exigen al Gobierno medidas que faciliten la liquidez de empresas y autónomos como agilizar en el mes de abril las devoluciones del Impuesto de Valor Añadido de 2019 (o años anteriores) así como las devoluciones mensuales de enero y febrero. Han recordado las distintas iniciativas tributarias implantadas por las seis comunidades autónomas como el aplazamiento del pago de los impuestos de gestión autonómica.

La deuda del Estado con las CCAA

También recuerdan a la ministra de Hacienda en la misiva las cantidades pendientes de abonar derivadas de la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017 o los fondos para las políticas activas de empleo que el Gobierno de España ha acordado retener a las comunidades autónomas de manera unilateral para luchar contra el Coronavirus.

Sólo en el caso de la Comunidad de Madrid, una de las comunidades que más ha sufrido el impacto del Covid-19, el Gobierno debería pagarles 377 millones por el impacto de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y 139,5 millones por los fondos para las políticas activas de empleo. Además, Madrid también reclama los 54 millones de euros por el recálculo de las entregas a cuenta de 2019.