BBVA y San José llevarán a los tribunales a Carmena por bloquear la Operación Chamartín
La asociación del concejal ‘okupa’ Murgui hace propaganda en las redes contra la Operación Chamartín
Carmena se enfrenta a sus bases en la Operación Chamartín: el 60% respalda el proyecto
Campaña de Carmena y Zapata para cargarse los 6.000 kilos y 120.000 empleos del proyecto Chamartín
El consorcio encargado de desarrollar la Operación Chamartín, denominado Distrito Castellana Norte, estudia llevar a los tribunales a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y a su equipo responsable del área urbanística, liderada por el concejal José Manuel Calvo. Se avecina una batalla judicial en el contencioso administrativo por la decisión unilateral del Ayuntamiento de bloquear el proyecto, que fue aprobado y autorizado antes de la llegada de Ahora Madrid al gobierno municipal por las tres Administraciones.
Según ha podido saber OKDIARIO, el consorcio formado por BBVA y la constructora San José, ha enviado un último escrito al Ayuntamiento (ya han mandado otros cuatro con anterioridad) reclamando el desbloqueo de la operación. Hasta la fecha, los responsables municipales no han respondido a estas comunicaciones y, en lugar de usar la vía administrativa, convocan asambleas en las que los afines a la marca blanca de Podemos en Madrid retrasan y entorpecen el inicio de los trabajos.
A la última asamblea no han asistido los responsables de Distrito Castellana Norte, debido a que se trata de reuniones de corte político en las que, lejos de alcanzarse una solución que desbloquee el proyecto, se está ahora planteando que este desarrollo urbanístico se realice desde el sector público, obviando que hace casi 20 años que el proyecto salió a subasta y que tumbarlo sería un atentado contra la propiedad privada, además de ser ilegal y un atentado contra la seguridad jurídica.
Los responsables municipales quieren acabar con el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y el planeamiento que está en vigor respecto a la prolongación de la Castellana, lo que supone una clara ilegalidad. El proyecto presentado por Distrito Castellana Norte que quiere tumbar el Consistorio creará espacios verdes, 27.000 nuevas viviendas y 120.000 empleos gracias a los más de 6.000 millones de euros de inversión privada.
“El concejal Calvo dice ahora que va a elaborar una propuesta de mejora de la nueva Operación Chamartín, lo que no tiene ningún sentido. Lo que debe hacer es autorizar el inicio de las obras y dar respuesta a los vecinos de la zona, que reclaman el desbloqueo del proyecto”, señalan fuentes municipales. No en vano el 78% de los madrileños respalda la iniciativa y hasta las propias bases de Ahora Madrid quieren que salga adelante lo antes posible.
Retrasos continuos
Todo esto se produce en medio de un proceso en el que Carmena, junto con el concejal okupa Ignacio Murgui, quieren crear “foros locales” cuyas decisiones sean vinculantes. Se trata de lo que calificó Esperanza Aguirre de “soviets”, en clara alusión al sistema de decisión comunista en el que un grupo de afines al régimen adopta decisiones de forma asamblearia arrogándose una representatividad que no han ganado en las urnas.
No en vano, Murgui fue el máximo responsable de la asociación que está usando ahora Carmena para bloquear la nueva Operación Chamartín. Se trata de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) que ha puesto en marcha una campaña de propaganda contra el proyecto, tal como adelantó OKDIARIO.
En su programa electoral, Ahora Madrid planteaba una “revisión integral del planeamiento urbanístico” de la ciudad. Además, prometía “paralizar” y “auditar” los acuerdos del proyecto Castellana Norte, mediante un proceso “participativo abierto a distintas organizaciones”.
De momento, según confirman algunos de los asistentes a estas asambleas, “las posiciones son inflexibles”, lo que supone una gran inseguridad jurídica para el consorcio que quiere sacar adelante el proyecto. Si las obras no comienzan antes del fin de este año, los inversores se retirarán, ya que así está estipulado en el contrato.
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