¿Por qué a los bancos italianos los rescatan los contribuyentes y a los españoles los accionistas?

El rescate de Banca Popolare de Vicenza y Veneto Banca con más de 17.000 millones de euros de los contribuyentes ha sorprendido a la opinión pública española, que acaba de asistir a la resolución de Banco Popular en una operación en la que los accionistas han perdido todo su dinero. La pregunta es obvia ¿por qué en Italia el Estado salva a los bancos y en España no?

La nueva normativa de resolución es clara al respecto: cuando una entidad financiera no tiene capacidad de sobrevivir en solitario y está a punto de caer (likely to fail) tiene cuatro opciones: ser vendida a otra entidad manteniendo los depósitos y perdiendo todo el valor las acciones y deuda subordinada, ser traspasada a un banco que haga de puente para que lo sanee y luego lo venda en el mercado, ser asignada a una compañía de gestión de activos para que la despiece y comercialice sus activos sanos, y la liquidación tradicional, es decir, el concurso de acreedores que obliga a los depositantes a acudir al Fondo de Gratnía (FDG) que cubre un máximo de 100.000 euros por cliente y entidad.

En el caso español la opción elegida fue la primera: venta a otro banco (el Santander) por el precio simbólico de un euro, a cambio de que la entidad que preside Ana Botín se haga cargo del agujero que hay en el balance mediante una ampliación de capital de 7.000 millones de euros. Se trata de un rescate al estilo bail in, en el que no hay aportación de dinero público y el valor de las acciones pasa a ser automáticamente de cero euros cuando se produce la resolución.

El organismo encargado de decidir si un banco debe entrar en este proceso es la Junta Única de Resolución (JUR), organismo del Banco Central Europeo (BCE) que comunica su decisión a la Comisión Europea y ésta al organismo encargado de asumir la operación en el país en el que la entidad con problemas tiene su sede. En España es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Ministerio de Economía que abrió en el caso del Popular un proceso de subasta competitiva para encontrar comprador.

Sin embargo, en el caso de los dos bancos italianos ahora rescatados, la JUR y la Comisión Europea han decidido no iniciar el proceso de resolución y dejar en manos del Gobierno italiano la operación de salvamento, porque a su juicio la quiebra de estas entidades no suponen un riesgo para el “public interest” (el término que usa Bruselas para definir el riesgo que supone la caída de una entidad para la estabilidad financiera).  A Juicio del Mecanismo Único de Resolución (el equivalente al FROB español) la caída de estos bancos “no provocará un impacto adverso significativo en la estabilidad financiera» y, por lo tanto, no es necesario iniciar un proceso de resolución.

El pasado viernes la JUR comunicó que Banca Popolare de Vicenza y Veneto Banca estaban quebrados o a punto de quebrar (likely to fail) y, ante la negativa de otras entidades de hacerse cargo del rescate mediante una adquisición, las autoridades europeas decidieron dejar en manos del Ejecutivo transalpino la liquidación de ambos bancos. Dos días después la Comisión Europea ha autorizado el rescate con dinero público.

El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha enfatizado que el hecho de que en este caso se utilice dinero de los contribuyentes para liquidar los dos bancos del Véneto es una decisión que ha tomado el Gobierno italiano. Esta aportación de dinero público tendrá lugar sin que los titulares de bonos senior asuman pérdidas.

No es la primera vez que se utiliza un vericueto legal para comprometer dinero público en un rescate bancario. El pasado uno de junio la Comisión Europea y el Gobierno italiano cerró un acuerdo para salvar a Banca Monte dei Paschi di Siena mediante un plan de reestructuración que combina la inyección de dinero público con la imposición de pérdidas a accionistas y bonistas de la entidad financiera.

El objetivo en el caso del Monte dei Paschi es lograr una “recapitalización preventiva”, otra excepción a la normativa comunitaria creada por Bruselas para saltarse la nueva obligación que implica no destinar fondos de los conrtibuyentes al rescate de entidades financieras mediante un proceso de bail in.  Otra puerta trasera que permite inyectar ayudas públicas a un banco si se cumplen unos determinados criterios.