El auge global de gobiernos populistas pone en riesgo la calidad del agua potable

La escasa inversión en infraestructuras hídricas, provocada por la falta de conciencia de los poderes públicos de que necesitan al sector privado para garantizar un suministro de agua potable de calidad y un saneamiento eficaz– está poniendo en peligro el abastecimiento de este preciado recurso, indispensable para la vida. Tal como señala el relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, Léo Heller: «hay una emergencia global de gobiernos populistas que pueden derivar en políticas que no tengan en consideración la defensa de los derechos humanos, especialmente en aquellas personas más vulnerables».

Así se expresó Heller durante el VI Foro de la Economía del Agua, organizado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universidad de Alcalá y Mc Graw Hill Education.

«El agua es un bien vital que debe ser regulado para garantizar el interés general», indicó Heller, «aunque hay que ser muy cuidadoso a la hora de decidir por un modelo de gestión, también hay muchos prestadores públicos que no cumplen bien su misión». Y es que existen gobiernos que, por cuestiones ideológicas, no permiten a las empresas participar en este objetivo, a pesar de que gracias a ellas aumenta la calidad del suministro y se reduce el coste para las arcas públicas.

Esto provoca que, según los datos del departamento de la ONU que dirige este experto, «unos 2.100 millones de personas en el mundo consuman agua de forma poco segura, el 29 % de la población mundial». Unos datos que son aún más preocupantes si se tiene en cuenta «la fortísima desigualdad entre clases sociales y población urbana y rural; así como las asimetrías de género. Tenemos un cuadro muy desequilibrado en lo que se refiere al acceso al agua potable».

Y en materia de saneamiento «la situación es dramática, ya que es uno de los aspectos más retrasados en el avance del cumplimiento de los derechos humanos en el mundo». Las estadísticas también respaldan este argumento, porque «dos tercios de la población mundial no tiene acceso a una instalación de saneamiento de forma segura» y cerca de 1.000 millones de personas defecan al aire libre, un problema que la ONU quiere erradicar antes del año 2030.

En el foro también participó el director general de Promoción Económica, Competencia y Regulación de la Generalitat de Cataluña, Albert Castellanos. En su discurso de inauguración del Foro destacó los desafíos que comporta la gestión del agua en Cataluña, una materia que «requiere la plena cooperación de todos los sectores, públicos y privados, porque la óptima gestión del agua es una tarea colectiva».

En el mismo sentido se pronunció el director académico del Foro de la Economía del Agua, Gonzalo Delacámara, quien manifestó necesidad de «dar al agua un perfil más alto en la agenda política». Porque cuando se habla de servicios siempre se pone la mesa la educación, la sanidad y las pensiones, pero no se tiene en cuenta a los recursos hídricos.

En España ya se están haciendo realidad los temores de la ONU. El auge de los populismos ha permitido que en algunas comunidades autónomas y municipios hayan llegado al poder gobiernos que han demonizado al sector privado, rompiendo los contratos con las empresas de gestión de aguas y procediendo a nacionalizaciones (remunicipalizaciones).

Los populismos y la remunicipalización en España

Esta ofensiva ideológica que están realizando varios ayuntamientos españoles para eliminar las concesiones a empresas privadas en la gestión de los servicios públicos tiene un coste que los votantes desconocen. Un retorno a la gestión pública de servicios como la limpieza, el transporte o el tratamiento de aguas provocará la pérdida de puestos de trabajo, la precarización de los empleados que mantengan sus puestos y una peor calidad del servicio (o bien una subida de las tarifas).

Esta es la conclusión que subyace en el informe que ha publicado el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) en formato de libro cono el título Remunicipación: ¿ciudades sin futuro?. El organismo está adscrito a la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos y está liderado por el doctor en derecho, Ramón Tamames.

Tamames señala que «se ha demostrado que la gestión privada de los servicios públicos por licitación ofrece mayores ventajas: menos burocracia, más innovación, mejores precios. En definitiva, eficacia y eficiencia… ¿Por qué hay ayuntamientos que quieren ponerse a administrar lo que funciona bien y abandonar la gestión de servicios más prioritarios?».

En este contexto, «las posiciones dogmáticas de algunos partidos agrupados en torno a las marcas blancas de Podemos están elevando los presupuestos de determinados ayuntamientos de forma innecesaria, dejando otras partidas importantes sin cubrir, que a veces afectan a servicios sociales. Y todo por ajustes en la gestión de unas estructuras concesionales que funcionan bien y que no hay por qué cambiar».

Otro de los especialistas que advierten sobre este riesgo es Ramiro Aurín, ingeniero y consultor en gobernanza del agua, para quien el modelo de gestión pública de los servicios urbanos parte de un planteamiento arcaico:

«La remunicipalización no mira al futuro, sino al pasado. El papel de los ayuntamientos no debería ser gestionar directamente los servicios públicos, sino innovar en la gestión municipal y plantear mecanismos de control de los servicios prestados a los ciudadanos. Los ayuntamientos democráticos han sido los principales integradores de toda la ciudadanía alrededor del proyecto común. Ahora algunos vuelven a plantear la ciudad de las barricadas y los enfrentamientos».