La burocracia atasca el 98% de las solicitudes de almacenamiento renovable que evitaría nuevos apagones

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 21/07/2026 05:45
  • Actualizado: 21/07/2026 05:45

Monumental atasco en las administraciones públicas a cuenta de las autorizaciones para la construcción de plantas de almacenamiento renovable en España, que evitarían nuevos apagones como el del 28 de abril de 2025. De los más de 20 gigavatios de almacenamiento en tramitación en España, apenas 379 megavatios contaban con autorización de construcción, es decir, menos del 2%. El resto se encuentra en el cajón de alguna de las administraciones públicas que tienen la competencia para autorizarlas, que, en el caso de la Administración central, es cuando el proyecto supera los 50 MW.

Así lo refleja en un reciente informe sobre la independencia energética de España, realizado por el Foro Regulación Inteligente, donde subraya que el Gobierno español no ha trasladado a la legislación nacional la directiva europea que agiliza las autorizaciones de estos almacenamientos, algo que sí han hecho otros gobiernos europeos. 

La Directiva de Energías Renovables, conocida como RED III, obligaba a los Estados miembros a trasponerla a sus legislaciones nacionales antes del 21 de mayo de 2025.

Esta directiva, por ejemplo, crea zonas de aceleración renovable en las que el plazo máximo de tramitación se reduce a 12 meses -frente a los dos años aplicables fuera de ellas-, introduce el silencio administrativo positivo y exime de la evaluación de impacto ambiental ordinaria salvo en casos de efectos significativos. «Pero España sólo la ha incorporado de forma parcial», aseguran en el informe.

El contraste con Europa es importante, refleja el Foro. «Alemania ofrece un contraste elocuente. Tras declarar las energías renovables como un sector de interés público superior y obligar a las regiones a reservar en torno al 2% de su territorio para implantar generación eólica, el plazo medio de autorización se redujo a 17 meses. En 2025, el gobierno teutón autorizó permisos para 20,8 gigavatios de eólica terrestre, lo que significa multiplicar por cinco los registros que venían dándose apenas cuatro años antes», señala.

«Mientras Alemania ha quintuplicado sus permisos eólicos, España deja caducar autorizaciones y observa cómo fondos de infraestructuras, grandes eléctricas europeas y fabricantes se comprometen con otros mercados, en vez de con nuestro país», explica.

Como muestra la tabla, Italia también está avanzada y, en el caso de Francia, aunque sólo tiene el 22% de aplicación, su elevada producción de energía nuclear alivia la presión.

Dinamarca es otro ejemplo. Con la mitad de su electricidad de origen eólico, el caso de Dinamarca confirma que la integración masiva de renovables es viable cuando el marco regulatorio acompaña. «El país nórdico también ha introducido sistemas de tramitación acelerados que, al igual que ocurre en Alemania, han facilitado este despliegue», señalan.

El informe destaca que «la capacidad de un país para atraer capital en energía limpia se ha convertido en una variable competitiva». «En este terreno, España está perdiendo posiciones frente a Alemania o Dinamarca, pero también en comparación con Francia, Italia o Portugal, y todo por una razón que no tiene que ver con los recursos renovables al alcance de cada país ni con la rentabilidad de los proyectos, sino con la calidad de los procesos de la Administración. Reformar la tramitación es, probablemente, la política de mayor impacto y menor coste presupuestario que el país puede acometer en materia energética», subraya.

Uno de los ejemplos del atasco administrativo es de la china Sungrow, uno de los gigantes mundiales de tecnología renovable, que tiene tres proyectos en España de almacenamiento de baterías pendientes de autorización que suman 171,5 MW de potencia instalada. Están parados en espera de que el Gobierno central dé todas las autorizaciones.