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CASA REAL BRITÁNICA

El Parlamento británico saca los colores al rey Carlos III: de los subarriendos de Andrés a los alquileres de sus sobrinas

Todo lo que rodea al ex príncipe Andrés sigue convirtiéndose en un quebradero de cabeza para Carlos III y la Corona británica. Aunque el monarca retiró a su hermano sus títulos y honores, las consecuencias de sus escándalos continúan salpicando a la institución y ahora han puesto bajo la lupa los privilegios inmobiliarios de sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. Ambas mantienen viviendas en residencias reales cuyos alquileres se sufragan a través de la bolsa privada del soberano, una situación que ha vuelto a generar preguntas sobre la transparencia y las condiciones económicas que se aplican a los miembros de la familia real que no desempeñan funciones oficiales.

Andrés habría querido que sus hijas conservaran todos los privilegios que todavía les correspondían, incluso cuando su propia posición dentro de la institución se encontraba cada vez más comprometida. Y, por el momento, Beatriz y Eugenia siguen manteniendo sus vínculos con la Casa Real y sus acuerdos de alojamiento. Una circunstancia que adquiere especial relevancia en un momento en el que la monarquía intenta distanciarse de la polémica que ha acompañado al antiguo duque de York y revisar determinados beneficios asociados a la familia.

Desde hace tiempo se conocía que Carlos III mantenía el apoyo económico a sus sobrinas para que pudieran conservar sus residencias en Londres. Beatriz dispone de un apartamento de cuatro dormitorios en el palacio de St. James, mientras que Eugenia tiene asignada Ivy Cottage, una vivienda de tres habitaciones situada en los terrenos del palacio de Kensington. Aunque ambas cuentan con otros hogares y desarrollan parte de su vida familiar fuera de estas residencias, mantienen estos alojamientos, puesto que no supone gasto alguno para ellas.

La cuestión ha vuelto a cobrar fuerza después de que el Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico examinara los acuerdos inmobiliarios de la familia real. El informe pone el foco en la falta de transparencia de determinados contratos y en la ausencia de criterios suficientemente claros para revisar las cantidades que pagan algunos de sus ocupantes. En el caso de las viviendas de Beatriz y Eugenia, los alquileres se abonan a través del Privy Purse, la bolsa privada del soberano, y se calculan con una tarifa ajustada que suele situarse en torno al 60 % del valor de mercado.

Uno de los aspectos que más llaman la atención es que, hasta 2026, las cantidades que pagaban las dos princesas se habían calculado tomando como referencia tasaciones bastante antiguas. Como bien relatan en La Razón, en el caso de Eugenia, la valoración utilizada databa de 2018, mientras que la de Beatriz correspondía a 2020. No fue hasta marzo de este año, durante la investigación del organismo fiscalizador británico, cuando se encargaron nuevas valoraciones independientes. El Parlamento considera necesario establecer revisiones periódicas y criterios uniformes que permitan comprobar que los alquileres se ajustan realmente a las condiciones fijadas por la Casa Real.

Pero el informe no se limita a las viviendas de las hijas de Andrés. También examina los contratos de propiedades como Royal Lodge, Bagshot Park y Thatched House Lodge, que incluyen cláusulas que permiten a sus ocupantes subarrendar determinadas dependencias y quedarse con los ingresos obtenidos. El caso de Royal Lodge, la antigua residencia de Andrés, resulta especialmente llamativo: su contrato le permitía alquilar tres de las casas situadas dentro de la finca. Durante un periodo inferior a un año, las tres estuvieron arrendadas al mismo tiempo y generaron algo más de 2.000 libras mensuales antes de descontar gastos.

El problema que señala el Parlamento es que The Crown Estate, organismo que gestiona buena parte del patrimonio inmobiliario de la Corona, no recopilaba de forma habitual información sobre los beneficios obtenidos mediante esos subarriendos. Los diputados consideran que debería estudiarse la posibilidad de compartir esos ingresos con el propietario de los inmuebles, como sucede habitualmente en otros acuerdos comerciales. Una cuestión que vuelve a poner el foco sobre las condiciones que Andrés consiguió negociar durante su etapa como miembro destacado de la familia real.

En cualquier caso, las viviendas de Beatriz y Eugenia responden a un acuerdo diferente. Sus alquileres se pagan con el Privy Purse, que se nutre principalmente de los ingresos del Ducado de Lancaster y forma parte de las finanzas privadas del soberano. La casa real justifica que los precios sean inferiores a los del mercado por las restricciones de seguridad que existen en los recintos palaciegos, ya que no cualquier persona puede residir en ellos. Sin embargo, el Parlamento reclama que las valoraciones se actualicen con regularidad y que exista un sistema transparente para comprobar que las cantidades abonadas son razonables.

Así, mientras Carlos III intenta mantener a la institución alejada de las polémicas que han marcado los últimos años del príncipe Andrés, los acuerdos inmobiliarios de sus hijas vuelven a situar a la Corona en el centro del debate. Beatriz y Eugenia conservan sus residencias y el respaldo económico de su tío, pero el escrutinio parlamentario sobre los privilegios de la familia real amenaza con convertir esos beneficios en otro frente incómodo para el monarca.