El TSJ tumba los recursos de los ‘espías del catalán’ y PSOE para eliminar el topónimo ‘Castellón’
Plataforma por la Lengua es una entidad catalanista, subvencionada por Ximo Puig y conocida como 'la ONG del catalán'
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado dos sentencias, ambas desestimatorias, de los recursos planteados por la catalanista Plataforma por la Lengua, los conocidos como espías del catalán, y el presentado por la concejala y portavoz del PSPV de la ministra Diana Morant contra el decreto del Gobierno valenciano, entonces presidido por Carlos Mazón, de 17 de diciembre de 2024. Aquel decreto ratificaba la decisión del Ayuntamiento de Castellón que, con los votos de PP y Vox, había aprobado la doble acepción del topónimo Castelló y Castellón como nombres oficiales del municipio.
En concreto, el topónimo Castellón, en su acepción castellana, y Castelló, en la valenciana, habían sido ratificados definitivamente en sesión plenaria del Ayuntamiento de la capital de La Plana del 5 de noviembre de 2024 por el Gobierno de PP y Vox. El expediente definitivo que ratifica la denominación bilingüe del municipio fue aprobado, como se ha dicho, por el Gobierno valenciano en diciembre de ese mismo año.
La recurrente Plataforma por la Lengua es una entidad catalanista generosamente subvencionada desde la Generalitat de Cataluña, pero también en la Comunidad Valenciana bajo los gobiernos del socialista Ximo Puig y los nacionalistas de Compromís. Es, también, una entidad que se autodenomina la ONG del catalán, pero que además es conocida como los espías del catalán, por su iniciativa de vigilar el uso del catalán en centros educativos y universidades en la Comunidad Valenciana, Cataluña e Islas Baleares.
Ahora, los magistrados han rechazado todos los motivos de nulidad del decreto que enumeraban los recurrentes, tanto los relativos al procedimiento y sus cauces reglamentarios como a una supuesta falta de motivación de la decisión o la posible vulneración de otras leyes y decretos.
El alto tribunal valenciano recuerda que los mismos argumentos expuestos por los magistrados para avalar la doble toponimia sirvieron a una sentencia de la sección antes citada y emitida en 2022 para avalar un decreto anterior del Gobierno de Ximo Puig y Compromís que aprobaba la denominación de la ciudad en su forma exclusiva en valenciano.
Ambas sentencias han sido notificadas a las partes este jueves y pueden ser recurridas en casación. Pero ya, en este caso, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Hay que recordar que meses después de que el Ayuntamiento de Castellón y el Consell dieran vía libre a la doble acepción del nombre de la ciudad, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó la propuesta de Vox de cambiar el nombre de la Plaza del País Valenciano por el de Plaza 9 de octubre. El cambio de denominación se produjo tras el acuerdo alcanzado por Vox y PP. La iniciativa respondía al compromiso de Vox de recuperar para la ciudad los símbolos y denominaciones que reflejasen la «verdadera identidad» histórica y cultural de la Comunidad Valenciana, «libre de imposiciones ideológicas ajenas a la realidad» de la ciudad.
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