El juicio del caso por 43 ‘enchufes’ del PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm arranca el 6 de noviembre
Dos ex ediles socialistas se sientan en el banquillo en el caso que juzgará la Audiencia Provincial de Alicante
Los hechos proceden en 2010 y llegan a juicio 15 años después con ocho acusados en el banquillo
En apenas tres semanas, el próximo 6 de noviembre, arrancará en la Audiencia Provincial de Alicante el juicio a un total de ocho acusados por la presunta contratación, por parte del Consistorio de Benidorm, de un total de 43 personas supuestamente afines al PSOE, ya fuera otorgándoles un empleo o a través de determinados beneficios salariales. La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Benidorm, que instruyó las diligencias previas del mencionado caso había decretado a través de un auto de octubre de 2023 la apertura de juicio oral a petición tanto del Ministerio Fiscal como de la acusación particular, que ejerce el Sindicato Profesional de Policías Local y Bomberos (SPPLB), tal como en su día publicó OKDIARIO.
De los ocho acusados, dos han sido concejales socialistas en Benidorm, donde dirigían las áreas de Hacienda (Natalia Guijarro) y Recursos Humanos (Juan Ramón Martínez) y un tercero en la también localidad alicantina de Relleu (José Antonio Salamero), además, están acusados dos dirigentes sindicales y tres técnicos municipales.
Se les imputa un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, previsto en los artículos 404 y 74.1 del Código Penal. También, un presunto delito continuado de malversación, previsto y penado en los artículos 433 y 74.1 del Código Penal en relación con el artículo 74.2 del Código Penal. Y un delito continuado de tráfico de influencias previsto y penado en los artículos 428 y 74.1 del Código Penal, «quedando este último como delito subsumido en las dos infracciones anteriores, atendiendo al principio de absorción o consunción del artículo 8.3 del Código Penal», según contiene el auto de apertura de juicio oral antes citado, de octubre de 2023.
Con posterioridad, en febrero de este año 2025, la Audiencia Provincial de Alicante señaló las sesiones del juicio para los días 6 de noviembre y 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de este 2025. Y, también, advirtió que la renuncia de algún procurador o abogado «no implicará en ningún caso la suspensión de la celebración del juicio señalado».
El origen del caso es la denuncia formulada en su día por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) por la presunta contratación, por parte del Consistorio de Benidorm, de un total de 43 personas supuestamente afines al PSOE. Como se ha dicho, ya fuera otorgándoles un empleo o a través de determinados beneficios salariales. Por tanto, lo que se verá en el juicio son los supuestos delitos originados por las presuntas irregularidades en la contratación de personal y la cobertura también de determinadas plazas, durante aquel mandato socialista.
Los hechos tienen su origen 15 años atrás. En concreto, en el año 2010. Sólo unos meses después de que 12 concejales socialistas y el tránsfuga del PP, José Bañuls, apoyaran una moción de censura que quitó la Alcaldía al popular Manuel Pérez Fenoll y se la otorgó al socialista Agustín Navarro.
Poco después, se aprobó la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del ayuntamiento. La avalaron todos los sindicatos. Pero, desconocían la Intervención municipal había presentado reparos contra la misma. Se trataba de decenas de contratos temporales de los que 43 tenían supuesta relación con el partido que ostentaba ya el nuevo Gobierno Local, el PSOE.
El sindicato SPPLB fue el que aportó la documentación que originó la denuncia de la Fiscalía. Se abrió así el procedimiento al que el citado SPPLB se incorporó como acusación particular. Y que ahora, 15 años después se dilucidará en la Audiencia Provincial de Alicante.
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