El juez marido de la instructora de la DANA mantiene paralizados dos procedimientos por amenazas graves a Mazón

Jorge Martínez Ribera, magistrado de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia número 4 y esposo de la juez que instruye la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, mantiene paralizados dos de los tres procedimientos abiertos por amenazas graves contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Mientras tanto, el único de los tres expedientes que sí ha avanzado, tramitado en la Sección 21, ha llegado ya a juicio oral, con petición fiscal de diez meses de multa contra el acusado.

Según han indicado fuentes jurídicas consultadas, existen en total tres denunciados por amenazas al jefe del Consell. Uno de esos expedientes lo lleva la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que se ha adherido a la acusación del Ministerio Fiscal, como es habitual en este tipo de procesos.

Las mismas fuentes señalan que hay otros «posibles denunciados» pendientes de identificar, lo que apunta a que el número de causas por amenazas contra Mazón podría no cerrarse en tres.

Solo una causa avanza

El expediente que sí ha fructificado es el tramitado en la Sección de Instrucción 21 del Tribunal de Instancia de Valencia, correspondiente al Procedimiento Abreviado 1106/2025. En este caso, la magistrada Nieves Molina Gasset firmó el 18 de junio de 2026 el auto de apertura de juicio oral contra Pablo Ortiz Gutiérrez, acusado de injuriar al presidente autonómico en un mensaje publicado en redes sociales el 7 de abril de 2025.

En ese mensaje, el acusado escribió textualmente: «Tú lo que eres es un sinvergüenza y un cabrón; 200 estudiantes estábamos esperándote fuera y tú solo sabes llamar a la policía a que te proteja. Eres un cobarde, lo fuiste el día 29 de octubre y lo eres ahora. La horca te espera y nosotros la ataremos a tu cuello traidor».

La Fiscalía calificó estos hechos como «un delito de injurias contra autoridad de los arts. 208, 209, 211 y 215.1 del Código Penal» y solicitó una pena de multa «de diez meses, con cuotas diarias de diez euros», además de las costas procesales.

Las causas estancadas

Frente a este proceso, que ha completado toda su instrucción y se encamina ya al Juzgado de lo Penal, los otros dos expedientes por amenazas contra Mazón permanecen sin resolver en la Sección 4, cuyo titular es precisamente Jorge Martínez Ribera. Fuentes jurídicas han confirmado que los otros dos han caído en el 4 de Jorge Ribera, marido de la juez de Catarroja, en referencia a Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa de la riada del 29 de octubre de 2024.

La Abogacía de la Generalitat, consultada al respecto, ha reconocido que en la abogacía no tienen «información de esos procedimientos», lo que evidencia el escaso avance procesal de ambas causas frente a la celeridad con la que se ha tramitado la de la Sección 21.

El dato adquiere un cariz especialmente delicado si se tiene en cuenta el papel que Martínez Ribera ha jugado en la instrucción de la DANA. Según ha podido documentarse, existen indicios de una presunta «participación activa de un juez ajeno al procedimiento en la tramitación de la instrucción», en alusión al propio Martínez Ribera, quien habría intervenido de manera informal en la causa que dirige su esposa contra la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso.

Antecedentes de la polémica

La controversia sobre la injerencia del magistrado no es nueva. El 14 de mayo de 2025, la defensa de Salomé Pradas presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que denunciaba «irregularidades» que, a su juicio, «vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento». Esa queja, ampliada en sucesivas ocasiones, cumplió el pasado 14 de mayo un año sin resolverse.

A ella se sumaron otras presentadas por el letrado de Emilio Argüeso, por el abogado Rubén Gisbert y por el sindicato Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad. Todas ellas permanecen igualmente sin desenlace en el órgano de gobierno de los jueces.

El propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó por unanimidad, el 16 de marzo de 2026, la petición de Ruiz Tobarra de investigar a Mazón, al no apreciar «un fundamento sólido y objetivo» de que los hechos revistieran «carácter de delito». Un mes después, el 22 de abril, la propia instructora reconoció en un nuevo auto que la responsabilidad de la gestión de la emergencia «recaía sobre los responsables del Plan Especial de Inundaciones», descartando así la implicación directa del entonces presidente.

En este contexto, el hecho de que dos de las tres causas por amenazas contra Mazón permanezcan bajo la órbita del marido de la juez que en su día pretendió imputarlo añade una capa más de tensión a un entramado judicial que, año y medio después de la riada, sigue sin despejarse. La pregunta que flota sobre los pasillos de la Ciudad de la Justicia ya no es solo quién amenazó a Mazón, sino por qué, en manos de quién, esas amenazas han dejado de tener prisa.