El alcalde de Alicante estalla por el escándalo de las VPP y se declara «víctima de una cacería»
Barcala pasa al ataque: "El funcionario ascendido por Compromís ha sido la primera persona en incumplir la normativa"
El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala ha estallado este viernes, en plena eclosión del caso de las viviendas de protección pública (VPP) y ha declarado sentirse «víctima de una cacería en la que absolutamente todo vale con tal de difamar, ensuciar y emponzoñar». En la que según ha agregado: «Lo importante no es que las cosas sean de una manera o de otra. Se trata de atacarme por tierra, mar y aire a mí y, ya, a mi familia».
Las manifestaciones de Luis Barcala se han producido en un momento en que la crisis de las VPP de Alicante marca un punto de inflexión. El caso de las supuestas irregularidades en la adjudicación de varias viviendas de protección pública ubicada en Playa San Juan se ha cobrado ya la dimisión de la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, adjudicataria de una de las vivienda. Y, también, de la directora general de Régimen Interno, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino fueron adjudicatarios también de viviendas en la promoción citada. Además, hay un funcionario autonómico, al que ascendió Compromís, suspendido de empleo y sueldo por la Consellería de Vivienda por visar la solicitud de su propia pareja: una arquitecta, también del Ayuntamiento de Alicante, para una de esas viviendas.
Luis Barcala ha manifestado su «profunda indignación» con este asunto. Y ha subrayado que el Ayuntamiento ha asumido las responsabilidades políticas que le corresponden con las dimisiones antes citadas y con todas las medidas a su alcance «para esclarecer lo que ha ocurrido».
El alcalde de Alicante ha reiterado que el Ayuntamiento «ha vendido la parcela impulsada por el tripartito de izquierdas a un precio tasado para VPP. Y se encargó de sacar a licitación la obra en un concurso publico». Y ha insistido, también, en que fue la cooperativa «y no el Ayuntamiento ni la Generalitat» quien «ha adjudicado las viviendas a aquellas personas que deberían cumplir los requisitos de la normativa autonómica»: «El Ayuntamiento no ha participado, para nada, en esa adjudicación de viviendas. Y de ello, deberá responder la cooperativa», ha sentenciado.
Luis Barcala ha insistido, también, en que «el funcionario de la Consellería, que fue ascendido por Compromís, que debía validar a estos demandantes de las viviendas, ha sido la primera persona que incumplió la normativa. Ahora, se está comprobando. Porque hay más adjudicatarios que la habrían incumplido. Y deberán devolver las viviendas».
Las manifestaciones de Luis Barcala se han producido en paralelo a que desde las Cortes Valencianas, el portavoz de Vox, José María Llanos, advirtiera que su formación se mantiene «firme contra la corrupción». Y recordara la aprobación de la comisión de investigación que el propio Vox ha impulsado en la Cámara autonómica sobre este caso: «Si se han cometido irregularidades hay que perseguirlas, caiga quien caiga, y que se diriman todas las responsabilidades».
Vox no va a actuar a la ligera en este asunto ni a entregar el Gobierno Local de Alicante a la izquierda. Pero, tampoco va a ofrecer un cheque en blanco hasta que se aclare el caso y se diriman las correspondientes responsabilidades si las hubiere en el ámbito político y en el judicial. El asunto está siendo seguido con gran atención desde Valencia y Madrid.
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