La policía lingüística del independentismo exige que se obligue a hablar catalán a los nacionalizados
La Plataforma per la Llengua denuncia que "el Estado español discrimina al catalán"
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El independentismo catalán prosigue con su deriva inquisitorial contra el español a pesar de la pandemia y sus consecuencias. La Plataforma per la Llengua, la ONG subvencionada por la Generalitat de Cataluña que trabaja por la dictadura lingüística, exige al Gobierno de Pedro Sánchez que se obligue a hablar catalán a los residentes que soliciten la ciudadanía española.
Esta asociación denuncia que «el Estado español discrimina al catalán» por, a su juicio, «mantener la imposición del castellano con 61 normas de 2020». También asegura que el Ejecutivo de coalición del PSOE con Podemos aprobó en el cuarto trimestre de 2022 «un total de 53 normas que reforzaban el castellano en territorios tradicionalmente catalanohablantes». «Casi el doble que en los trimestres anteriores», añade en una nota colgado en su página web.
❌ El govern espanyol @desdelamoncloa manté la imposició del castellà amb 61 normes del 2020
‼️ El quart trimestre de 2020 es va tancar amb 53 noves normes lingüístiques discriminatòries, pràcticament el doble que en cadascun dels trimestres anteriors
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— Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) March 2, 2021
«Los extranjeros que soliciten la ciudadanía española seguirán estando obligados a saber castellano pero catalán no, a pesar de que la ley se ha modificado para permitirles solicitarla de manera virtual», sostiene Plataforma per la Llengua.
La asociación separatista señala al «supremacismo castellano» por su idea de que «el idioma y la cultura de Castilla tienen unas cualidades intrínsecas y también históricas que los dotan de la categoría de ‘comunes’ de todos los ciudadanos del Estado español, con independencia de si este idioma y esta cultura son los propios y familiares de los ciudadanos, y los autóctonos y tradicionales del territorio». «Esta ideología discriminatoria marca profundamente la legislación, que trata el ciudadano castellanohablante como el modelo predeterminado, neutro, de ciudadano español, mientras que invisibiliza los otros grupos etnolingüísticos del Estado y trata a sus miembros como si fueran integrantes del grupo mayoritario con añadidos de carácter ‘diferencial’», apostilla.
Los independentistas ponen como ejemplos a Bélgica y a Suiza por «proteger legalmente su diversidad lingüística». «Bélgica permite a los solicitantes de elegir la lengua necesaria para poder acceder a la ciudadanía» y «en Suiza la lengua obligatoria depende del territorio de residencia de los solicitantes», según la entidad secesionista.
«El Gobierno plurinacional»
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, han defendido en varias ocasiones que España es «plurinacional». Así se lo recuerda Plataforma per la Llengua en su nota de prensa. «Los partidos que forman el actual gobierno español han proclamado en varias ocasiones que defienden un modelo plurinacional y plurilingüístico para España, pero la realidad es que la aprobación de normas lingüísticamente discriminatorias no ha disminuido y, por tanto, el castellano, por ley, sigue siendo la única lengua obligatoria en muchos ámbitos diferentes», sostiene la asociación.
«En diciembre de 2020, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos modificó una norma ya existente para que se pudiera solicitar por vía telemática la ciudadanía española. A pesar de la modificación, el decreto mantuvo la obligatoriedad de examinarse en castellano para obtener la ciudadanía», señala.
La entidad secesionista también carga contra el Ejecutivo de Sánchez por un decreto aprobado hace unos meses en que se regula «la concesión directa de subvenciones a entidades de integración de la inmigración, que establecía como objetivo del proceso de acogida la ‘Enseñanza de español y, en super caso, de Otras lenguas oficiales en el Lugar donde se esté realizando el itinerario con el fin de procurar la inmersión lingüística’».
«La norma, pues, condiciona las ayudas económicas a la enseñanza del castellano uniformemente en todo el Estado, como si esta lengua fuera la autóctona, tradicional y mayoritaria en todas partes, mientras que trataba los otros idiomas como optativos u objeto de especificaciones posteriores por parte de las comunidades autónomas», apostilla la asociación.
Así desprecia Plataforma per la Llengua al español, que no deja de ser lengua común de todos los españoles, incluidos los catalanes, y con la que se comunican hasta 580 millones de personas, el 7,6% de la población mundial, según un informe del Instituto Cervantes.
Las subvenciones recibidas
Plataforma per la Llengua es una ONG subvencionada por la Generalitat de Cataluña. Bajo el mandato de Quim Torra al frente del Govern, se permitió que se espiara a alumnos y profesores de los colegios catalanes para elaborar un informe sobre el uso del español en el recreo.
Esta entidad secesionista recibe anualmente 620.000 euros en subvenciones por parte de la Generalitat de Cataluña. El año pasado llegó a recibir hasta dos millones de euros por parte del Govern de Torra a dedo y sin necesidad de concurrencia competitiva, tal y como reveló OKDIARIO.
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