Vox cambia ‘nacionalidad’ por ‘arraigo’ en su propuesta de prioridad nacional en Baleares

• Tomas Ibarz
• Jefe Sección Política OKBaleares
• • 06/05/2026 19:15
  • Actualizado: 06/05/2026 19:15

El grupo parlamentario de Vox ha registrado este miércoles una proposición no de ley (PNL) con la que buscará obtener el apoyo del Parlament para instar al Govern a aplicar un criterio de ‘prioridad nacional’ basado principalmente en el arraigo, aunque en ningún momento habla de la nacionalidad.

La iniciativa, que se debatirá próximamente en la Comisión de Asuntos Sociales, responsabiliza a las personas migrantes, entre otras cosas, del hecho de que los servicios públicos estén «al borde de la quiebra».

Ante ello, defiende el texto firmado por la líder parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, es necesario «defender que los recursos públicos vayan prioritariamente a dar respuesta a las necesidades de los españoles» y se revisen los mecanismos sociales mediante la aplicación del criterio de ‘prioridad nacional’.

Con este modo de proceder, siempre según la iniciativa, «cualquier extranjero que pretenda entrar en España sabrá que no gozará de una situación más favorable que los españoles».

En base al arraigo

El texto expone después cuatro reclamaciones que permiten definir qué es el concepto de ‘prioridad nacional’ para Vox en Baleares después de varias semanas en las que ha sido objeto de debate entre los grupos parlamentarios.

La semana pasada, al ser preguntada al respecto en una rueda de prensa, la propia Cañadas dijo que su idea de ‘prioridad nacional’ consiste en priorizar el acceso a los servicios públicos en función de la nacionalidad y no del arraigo.

«La figura del arraigo la puso el PP y Vox no está de acuerdo. El foco lo ponemos en la nacionalidad, porque cualquier persona que pide el arraigo luego puede tener la nacionalidad. Estamos provocando un efecto llamada brutal, paso a paso. La nacionalidad española se ha dado como si fuesen churros», señaló.

La diputada defendió que priorizar el acceso a los servicios públicos en función de la nacionalidad de las personas no sería contrario a la Constitución, pues esta solo interpela a los españoles y no a los extranjeros.

No obstante, la PNL registrada este miércoles no habla en ningún momento de la nacionalidad –ni siquiera menciona el término en sus cuatro páginas de contenido– y se enfoca en la figura del arraigo.

Por ejemplo, el primer punto de la iniciativa buscará instar al Govern a «promover que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspire en el principio de prioridad nacional, procurando la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

Este sistema que plantea Vox incluiría, siempre según el texto, el establecimiento de un «periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio»; la vinculación del acceso a ayudas «a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema»; y la limitación del acceso a prestaciones y servicios sociales a quienes se encuentren en situación administrativa irregular a «supuestos de urgencia vital».

La iniciativa también reclama implantar la ‘prioridad nacional’ en el sistema de acceso a la vivienda protegida y alquiler social y vuelve a poner como requisito «un arraigo real, duradero y verificable» de entre cinco y diez años de empadronamiento.

Otras cuestiones que Vox pide tener en cuenta a la hora de acceder a una vivienda pública son los criterios de «vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa»; la prioridad para los menores de 36 años, familias numerosas o personas con discapacidad; la exclusión de aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos cinco años; y la eliminación de criterios que «favorezcan el desarraigo social o distorsionen la asignación de recursos públicos».

Por último, Vox tratará de instar al Ejecutivo autonómico a promover la derogación o modificación de «toda norma autonómica que dificulte la consecución efectiva de la ‘prioridad nacional’ en los términos descritos»; y al Gobierno a cambiar la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España para «la consecución efectiva de la ‘prioridad nacional’ en el acceso a vivienda protegida y alquiler social a fin de procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

«Mientras haya ciudadanos de aquí que no pueden pagar el alquiler, que no encuentran una VPO, que ven cómo sus hijos tienen que irse de las islas, resulta inaceptable que los recursos públicos no vayan primero a ellos. No es exclusión: es justicia», ha sentenciado Cañadas.