Protegemos hoy, aseguramos mañana
Desde el Govern de las Islas Baleares queremos empezar con una afirmación clara: rechazamos el conflicto en Oriente Medio y deseamos, con toda firmeza, una rápida resolución que ponga fin a una situación que genera sufrimiento e inestabilidad en todo el mundo.
Ahora bien, mientras este escenario persiste, tenemos la obligación de actuar. Porque, a pesar de la distancia geográfica, los efectos de este conflicto ya se dejan sentir con fuerza en las Islas Baleares, especialmente a través del incremento de costes y la incertidumbre económica.
Desde el primer momento, el Govern ha respondido con responsabilidad y con diálogo. Hemos analizado el impacto de la situación y, sobre todo, hemos escuchado. Nos hemos reunido con los agentes sociales, con los sectores económicos, con los consells insulares, con los ayuntamientos y también con los grupos parlamentarios. Lo hemos hecho con una clara voluntad de consenso, porque en momentos como estos es imprescindible dar respuestas compartidas.
Fruto de este trabajo, esta semana hemos aprobado el Decreto ley 1/2026, con un paquete de medidas que moviliza más de 160 millones de euros para proteger el tejido económico de las Islas Baleares. Un paquete pensado para actuar con rapidez y eficacia ante una situación excepcional.
Estas medidas se estructuran en cinco grandes bloques. En primer lugar, movilizamos 75 millones de euros en líneas de crédito para garantizar la liquidez de empresas y autónomos. En segundo lugar, destinamos 36,75 millones de euros en ayudas directas a los sectores más afectados: 13,5 millones para el sector primario, 9,75 millones para el transporte y 13,5 millones para la industria, la construcción y el comercio. Y hemos introducido una deducción para que estas ayudas queden exentas de tributar en el IRPF. Además, los importes son ampliables en función de la evolución del conflicto, y tienen en cuenta la doble insularidad de Menorca e Ibiza, y la triple insularidad de Formentera.
En tercer lugar, incorporamos medidas para agilizar la tramitación administrativa y garantizar que estas ayudas lleguen con la máxima rapidez posible. En cuarto lugar, impulsamos medidas fiscales con un impacto de 4 millones de euros para aliviar la carga de familias y empresas. Y, finalmente, destinamos 45 millones de euros a la revisión de contratos públicos para adaptarlos al actual incremento de costes, asegurando así la ejecución de infraestructuras y el mantenimiento de servicios.
Como ya explicamos, el primer impacto del incremento de precios lo reciben los sectores económicos. Por ello era imprescindible actuar con ellos. También entendemos que esta es la primera medida para evitar que este incremento llegue a las familias. En cualquier caso, ya hemos iniciado el trabajo para impulsar medidas de carácter social, escuchando a las entidades y buscando el máximo acuerdo en los próximos días.
Este paquete de medidas es también una respuesta necesaria ante la insuficiencia de las decisiones adoptadas por el Gobierno de España. Las medidas estatales han obviado una realidad fundamental como es la insularidad. No es lo mismo afrontar una crisis desde un territorio continental que desde un archipiélago, donde los costes del transporte y de la energía tienen un impacto mucho mayor. Este es el resultado de aprobar medidas sin escuchar previamente a las comunidades autónomas ni a los sectores económicos, que es lo que ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Por ello, desde el Govern de las Islas Baleares hemos asumido nuestra responsabilidad. Hemos actuado con rapidez, diálogo y determinación, y continuaremos reclamando las compensaciones necesarias para que las Islas Baleares no se vean perjudicadas.
Vivimos un momento complejo que exige altura institucional y capacidad de respuesta. Hoy protegemos nuestro tejido económico, protegemos los puestos de trabajo y hacemos todo lo posible para contener el impacto sobre las familias.
Porque proteger hoy es asegurar mañana.
- Antoni Costa es vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación.
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