Prohens espera que el juicio a Ábalos permita recuperar los millones que gastó Armengol en mascarillas ‘fake’

• Tomas Ibarz
• Jefe Sección Política OKBaleares
• • 03/11/2025 14:18
  • Actualizado: 03/11/2025 14:27

La apertura de juicio oral a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el caso mascarillas abre la esperanza en Baleares de que se puedan recuperar los 4,5 millones que la ex presidenta socialista Francina Armengol pagó a la trama en mascarillas y diverso material sanitario, todo a través de la empresa Soluciones de Gestión. Esperanza plasmada este lunes por el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras.

El número 3 del partido en Baleares ha recordado, una vez que se ha conocido la apertura de juicio oral contra Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama en la pieza principal del caso mascarillas, que «Baleares fue el inicio del caso y de ahí la importancia de este juicio que, además, debería servir para que el Govern recupere todo el dinero pagado a la trama por las mascarillas, otros enseres y las derivadas posteriores».

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto juzgar al ex ministro José Luis Ábalos, al ex asesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Así consta en un auto dictado este mismo lunes, en el que el instructor da diez días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones populares -lideradas por el PP- para que presenten sus peticiones de archivo o sus escritos de acusación, así como la práctica de diligencias complementarias.

Para Puente, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

El instructor considera que los tres «se concertaron, muy poco después de tomar posesión el primero de su cargo como ministro del Gobierno de España, para, aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia».

Puente ha dado este paso después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

En aquel momento, el magistrado advirtió de que la investigación sobre las obras públicas estaba en fase «muy incipiente», pero la relacionada con los contratos de mascarillas estaba muy avanzada, «siendo previsible la pronta terminación de la fase de instrucción correspondiente» a esa parte.

Ahora, el instructor sostiene que «existen muy consistentes indicios, a partir de los hechos que se declaran como indiciariamente justificados, de que De Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los también investigados Ábalos y García, al fin y con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos».

Indica que también hay indicios de que Ábalos y Koldo «recibieron dichas retribuciones económicas, en ejecución del proyecto delictivo que a todos les unía, y como contraprestación a dichas conductas desleales», añadiendo que García pudo recibir algunas vía República Dominicana.

Según Puente, De Aldama -empresario y presunto conseguidor del caso Koldo- estaba encargado de «la localización de las empresas o particulares que estuvieran dispuestas a satisfacer los pagos correspondientes para contactar o contratar con la Administración, obteniendo por ello un beneficio económico para sí».

De Koldo señala que, «aprovechando su condición de asesor del ministro y la confianza absoluta de éste», se encargaba «de realizar las gestiones ordinarias oportunas que, en cada caso, resultaran precisas; reservándose la intervención personal del ministro para cuando su firma o su directa influencia fueran indispensables».