Palma suspende un año la concesión de licencias para la apertura de nuevos albergues

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 29/07/2025 15:21
  • Actualizado: 29/07/2025 15:21

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado la suspensión de la concesión de licencias a nuevos albergues que se quieran explotar en la ciudad durante un año, tal y como ha anunciado el teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Gerencia de Urbanismo celebrada este martes.

Se trata de una medida cautelar que tendrá que ser ratificada en el pleno municipal de este jueves y mientras se realiza una modificación del planeamiento urbanístico en los aspectos relativos a este tipo de inmuebles.

Fidalgo ha indicado que esta decisión se toma en base a la normativa turística de Baleares, que limita la apertura de nuevos albergues, por lo que sería «incoherente» que Palma permitiera su construcción si después no pueden obtener licencia turística. Desde el Consistorio han puntualizado que en estos momentos operan un total de 13 albergues en el término municipal de Palma.

También se pretende evitar un «crecimiento desordenado» que pueda provocar «tensiones vecinales», un uso «inadecuado» del suelo, «distorsiones» en los barrios y serviría para «prevenir operaciones especulativas» con el suelo turístico.

Preguntado por si esta moratoria se podría extender a hoteles u otros alojamientos turísticos, el regidor ha explicado que el Consistorio trabaja en su lucha contra el alquiler turístico ilegal y para ello ha puesto en marcha una oficina para tal efecto.

En ese sentido, ha reivindicado que el Ayuntamiento de Palma ha puesto en marcha un visor urbanístico con el que se pueden localizar las viviendas turísticas legales y ha incidido en que todas las que no figuran en el visor son «denunciables».

Asimismo, ha señalado que los técnicos municipales podrán hacer una previsión pero ha sostenido que esta no puede hacer de manera «seria» en días o en una semana.

«Todo ese debate que anticipa una debacle en el suelo rústico y las áreas de transición de Palma es falaz e inexistente y los únicos que le otorgan la condición de urbanizable a este suelo son los partidos de la izquierda, puesto que no lo hace la ley por tiene una serie de condicionantes», ha argumentado.

Acerca de si en el pleno podrá ofrecer una estimación de las viviendas que se construirán en este suelo, el responsable de Urbanismo ha ahondado que estimaciones «se pueden hacer» pero ha reivindicado que sean «serias» porque las que ha leído hasta la fecha «son de todo menos serias», en referencia a las de la oposición.

«Las estimaciones serias las reproduce el regidor de Urbanismo pero las hacen los técnicos y se harán con el mecanismo que dispone la ley, que es previa aprobación el pleno municipal», ha matizado.

Por eso ha indicado que está a la espera de que los técnicos municipales hagan su trabajo «con rigor» para dar los números, ya que, a su manera de ver, para «inventarse las cifras ya está la izquierda».

Viviendas a precio limitado

Otro de los temas por los que se ha preguntado es el cambio normativo que posibilitará la construcción de viviendas a precio limitado en suelos dotacionales, Fidalgo ha explicado que el pleno votará sobre un cambio de los derechos reales del suelo entre demanial y patrimonial, que posibilitaría que en estos suelos haya un equipamiento público y el proyecto residencial.

Esta habilitación legal ha afirmado que es «necesaria» para comenzar a redactar los pliegos de licitación de estas viviendas.

Sobre si el Ayuntamiento de Palma tenía conocimiento de que en una de estas parcelas se pretendía edificar un colegio, ha alegado que el Consistorio ha cumplido con «todos los cauces legales» y ha solicitado informes a las consellerias pertinentes, por los que estas les habrían trasladado qué suelos se contemplaban en algún plan de infraestructuras.

Asimismo, también ha abordado la reciente medida adoptada por el Consistorio para permitir el inicio de determinadas obras con una declaración responsable de los constructores, algo que ha puntualizado que «no se permitirá» en el caso de las obras mayores.