La Oficina Antifraude denunció que Armengol abusó comprando a dedo mascarillas a «empresas desconocidas»

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 03/03/2024 06:50
  • Actualizado: 03/03/2024 09:30

La Oficina Antifraude alertó de que Armengol abusó de adjudicar a dedo contratos de mascarillas a «empresas desconocidas». La advertencia quedó reflejada en un informe de fiscalización de las contrataciones realizadas por el Govern de la hoy presidenta del Congreso en los meses más duros de la pandemia, entre marzo y junio de 2020.

En el informe, fechado en octubre de ese año, en el que se cita a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada ahora a la trama de presunta corrupción por el cobro de mordidas de Koldo García, la denominada Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares alertó de que el Ejecutivo balear hizo acopio en esos meses de mascarillas quirúrgicas «para más tiempo del necesario, utilizando la contratación de emergencia, con proveedores desconocidos y a los precios que imponían estos».

En el caso de la empresa de la trama Koldo, Armengol desembolsó 3,7 millones de euros por 1,4 millones de mascarillas que resultaron ser fraudulentas. Los pagó utilizando un procedimiento de contratación de emergencia de cuyo abuso alertó, sin resultado alguno, como solía ser habitual, la Oficina Antifraude. Éste es un organismo creado bajo el Govern de Armengol y que nunca denunció el millonario contrato a dedo adjudicado por el anterior Gobierno balear a la empresa vinculada a Koldo por las mascarillas fake. 

En su dictamen el entonces director de la Oficina, Jaume Far, –que dimitió al año siguiente– precisaba que, aunque era necesaria la adquisición de un volumen suficiente de mascarillas para garantizar el suministro, «lo que se censura es que se hubiera utilizado la contratación de emergencia para la adquisición de un volumen tan alto de unidades». «Algo», subraya, «que bien podría haberse adquirido a través de otros procedimientos de contratación más competitivos».

El informe pone como ejemplo las reiteradas adjudicaciones a dedo, vía contratos de emergencia, del Ejecutivo de Armengol con la compra de mascarillas: un total de 28 millones de unidades, de marzo a junio de 2020.

Teniendo en cuenta, apunta en sus conclusiones Far, que el IB-Salut cuenta con unos 15.000 profesionales que integran la red asistencial balear, aún suponiendo que todo el personal hubiera tenido que utilizar mascarillas quirúrgicas durante 12 horas y durante 99 días seguidos, «se adquirieron seis veces más mascarillas quirúrgicas de las necesarias». Hubo, recoge este balance, «un exceso de unos 22 millones de unidades con un coste aproximado de 8.800.000 euros si tomamos un coste medio unitario de 0,4 euros», si bien las fake del caso Koldo se pagaron a 0,7.

Incluso suponiendo, abunda, que se hubieran tenido que destinar a pacientes y familiares el mismo número de mascarillas que las utilizadas por el personal sanitario, «aún así se habrían adquirido tres veces más mascarillas de las necesarias». Hay que indicar a este respecto que, entre el 8 de marzo y el 21 de junio, en lo que fue el peor momento de la pandemia, se utilizaron en Baleares 3.749.107 unidades de mascarillas.

Por ello, la Oficina Antifraude no niega la necesidad de haber aplicado la tramitación de emergencia para hacer frente a la crisis sanitaria, sino que critica «su alargamiento más allá de lo que era estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal, para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia».

Más que nada porque «el riesgo de que se materialicen actividades defraudadoras durante situaciones de emergencia es muy alto y la supresión de controles presupuestarios y económico-financieros no hace sino facilitarlo».

Y concluye: «La supresión de los controles en los procedimientos de contratación, utilizando la adjudicación directa a cualquier precio a empresas desconocidas y países sin garantías, y suprimiendo los controles presupuestarios, suponían un riesgo enorme de que los recursos públicos destinados a combatir la pandemia fueran objeto de derroche o saqueo».