El nuevo reglamento de Costas reducirá el número de chiringuitos, paseos marítimos, hoteles y apartamentos

• Miquel Ángel Font @mafontvilla3
• Corresponsal político en OKDIARIO Baleares. Antes, redactor jefe de EL MUNDO/ El Día de Baleares.
• • 01/04/2024 06:52
  • Actualizado: 01/04/2024 06:52

El nuevo Reglamento General de Costas que proyecta la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reducirá el número de chiringuitos, paseos marítimos, hoteles y apartamentos y perjudicará a cientos de propietarios en Baleares. Ribera ya anunció el 20 de febrero en el Senado que iba a presentar un reglamento similar al que el tumbó el Tribunal Supremo aunque respetando la sentencia en lo referente a que se había obviado el trámite de consulta previa.

Por lo demás, el nuevo reglamento que ahora se proyecta sigue perjudicando a cientos  de propietarios en Formentera y todas las Baleares  debido a las restricciones que contempla así como por la ampliación del dominio público.

La Plataforma de Afectados de Formentera llevó el Real Decreto hasta la Sala tercera del Tribunal Supremo  y pidió la retirada del proyecto argumentando que no recogía la «peculiaridad» de Formentera en la aplicación de la modificación legal. Según la plataforma, esta normativa dejaba a toda la isla sin un sustento socioeconómico, afectando a personas con propiedades o negocios con licencia desde antes de la década de los años 70. Negocios que llevan «más de 50 años funcionando» se veían perjudicados por esta nueva normativa1.

Fue en agosto de 2022 cuando se aprobó un Real Decreto por el que se modificaba el Reglamento General de Costas. Sin embargo, fue anulado por el Tribunal Supremo debido a que en su tramitación se había obviado el trámite de consulta pública. Ante esta situación, y perviviendo la voluntad por parte de la Administración de introducir reformas en el anterior Reglamento General de Costas del año 2014, se han iniciado de nuevo los trámites para aprobar su modificación, con un periodo de consulta pública que ha acabado el pasado viernes 22 de marzo.

Ernesto García-Trevijano Garnica analiza el reglamento de Costas

El abogado especialista Ernesto García-Trevijano Garnica, socio director de GTA Villamagna Abogados, ha elaborado un documento en el que afirma que previsiblemente, las modificaciones que pretenden acometerse a iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica, tendrán esencialmente como objetivo adaptar el Reglamento General de Costas de 2014 a las necesidades derivadas del cambio climático, entre las que destacan la eliminación de la tipología de dunas, unificándolas en una sola categoría; la modificación del régimen de ocupación de establecimientos expendedores de comidas y bebidas en las playas, que no podrán tener sótano, como media para evitar la erosión; así como una nueva definición de la zona marítimo-terrestre y de sus terrenos adyacentes, limitando la posibilidad de efectuar cambios en los usos de las edificaciones.

Todos estos cambios son los que provocarán la reducción del número de chiringuitos, paseos marítimos, hoteles y apartamentos

Según Ernesto García-Trevijano «es importante destacar que la modificación del régimen de otorgamiento y duración de las concesiones, y sus posibles prórrogas, supone que se ligue su obtención a los nuevos criterios ambientales. Además, al tratarse de normas de aplicación general en toda España, se unifica la protección otorgada al litoral español, pretendiendo con ello evitar diferencias en función de las distintas normativas urbanísticas o de otra índole de cada municipio o Comunidad Autónoma, al menos en lo que se refiere a la protección mínima a dispensar al litoral».

El documento elaborado por Ernesto García-Trevijano prosigue así: «Aunque la finalidad de la nueva normativa en materia de costas pretende dotar de una mayor protección al litoral español dada la amenaza que el cambio climático supone, sin embargo, la voluntad de la Administración no basta por sí sola para alcanzar el referido objetivo. Es precisa la implicación y colaboración de todas las demás Administraciones implicadas y de la propia sociedad civil (ciudadanos, asociaciones, empresarios, propietarios), que deben concienciarse de la gravedad de la situación, participando activamente tanto en la fase de elaboración de este tipo de normas presentando alegaciones y propuestas, como en su fase de aplicación una vez han entrado en vigor».

El abogado de GTA Villamagna concluye afirmando que «en todo caso debe tenerse presente que el crecimiento sostenible implica un necesario equilibrio, a veces cierto inestable, entre dos intereses legítimos en principio enfrentados: el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. Es preciso tenerlo en cuenta, arbitrando mecanismos que permitan la coexistencia de esos dos intereses, tales como periodos transitorios de adaptación, la adopción de medidas menos limitativas cuando ello sea posible, sistema de incentivos (no simplemente de prohibición o limitación) para que las conductas se adapten a los fines de interés público etcétera».

«Si no se hace así y se impone todo, es razonable esperar que el malestar de los colectivos afectados provoque que recurran a todos los mecanismos legales (incluida la impugnación judicial), para evitar o limitar esas consecuencias negativas para sus intereses».

GTA Villamagna Abogados

GTA Villamagna Abogados es un despacho de abogados fundado por profesionales de reconocido prestigio con más de treinta años de
experiencia en la función pública y en el ejercicio de la abogacía. Su filosofía se asienta sobre principios y pilares tradicionales, de forma innovadora y eficiente, con el fin de anticiparse a las necesidades del cliente y a los problemas que les pueden suscitar, prestando asistencia legal, tanto en la valoración y gestión de los riesgos que pueden estar asumiendo, como en la búsqueda de soluciones a problemas actuales o potenciales que pudieran suceder.

En su última edición, el prestigioso Ranking Legal 500 destaca nuevamente a GTA Villamagna Abogados por su eficiente labor en cinco áreas de práctica: Construcción e Inmobiliario, Energía, Medio Ambiente,
Derecho Público y Procesal.