Mallorca aprueba las ayudas sociales por la guerra de Irán para cuyo cobro exigirá 5 años de residencia

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 28/04/2026 18:26
  • Actualizado: 28/04/2026 19:15

El Consell de Mallorca ha dado luz verde a un segundo paquete de ayudas de 22,7 millones de euros para paliar los efectos de la guerra de Irán y Oriente Próximo, para las que exigirá cinco años de residencia en la isla en el caso de las prestaciones sociales: nueve millones de euros orientados a familias vulnerables.

La medida ha obtenido los 17 votos a favor de PP, Vox y de los regionalistas de El PI, mientras que los nueve consellers insulares socialistas  y separatistas de Més han votado en contra, en el pleno extraordinario celebrado este martes.

Este segundo tramo de ayudas cuenta con 5,2 millones de euros más de los 17,5 millones anunciados inicialmente. De este modo, los citados nueve millones de euros irán orientados a ayudas sociales para familias vulnerables, cuatro millones para equipamientos para plazas de servicios a personas con discapacidad y para evitar situaciones de sobrecarga familiar y dos millones para los ayuntamientos para financiar las residencias de personas mayores.

Otros tres millones irán a las federaciones deportivas para reducir los gastos federativos de las familias con menores de 16 años, 500.000 euros para las federaciones y asociaciones de personas mayores ante el aumento de los costes energéticos y 150.000 euros para las entidades juveniles para paliar el incremento de costes operativos.

Por otra parte, 2,2 millones subvencionarán a empresas y bonos a particulares para comprar producto local y de proximidad, un millón a ayudas para cooperativas agrícolas y establecimientos de la Serra de Tramuntana, 500.000 euros al Instituto del Deporte Hípico de Mallorca y 300.000 euros de ayudas para el sector cultural para poder asumir el incremento de costes energéticos.

La sesión ha comenzado con el debate sobre la urgencia de estas ayudas y la portavoz socialista, Catalina Cladera, ha reclamado un informe sobre si esta ampliación de crédito cumple con la ley balear de servicios sociales y la Constitución, al entender que se establecía un criterio de «prioridad nacional» al otorgar las ayudas.

El conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, ha defendido que el personal del Consell «nunca» dejaría que se convocase un pleno si faltara documentación.

Cladera ha pedido que el secretario del Consell confirme que es legal y este le ha respondido que en el expediente no se analiza la legalidad, sino que se hará en la aplicación de sus requisitos, por lo que ha señalado que el expediente está «completo» y cuenta con un informe «favorable» de la intervención.

La legalidad de los años de residencia

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha salido al paso al subrayar que esto «demuestra la legalidad» de las ayudas y ha criticado que el PSOE «siembre dudas» acerca de la profesionalidad de los trabajadores de la institución insular. Finalmente, la urgencia de las ayudas ha quedado aprobada con los mismos votos con los que se han aprobado las ayudas.

Ya en el debate sobre las propias ayudas, Bosch ha defendido que la convocatoria de subvenciones se ha podido llevar a cabo porque el Consell dispone unos remanentes que le permiten «salir al paso» de una situación «compleja».

En cuanto al término «prioridad nacional», ha sostenido que «no se ve» en los expedientes tramitados y ha reivindicado que se haya tardado una semana más para convocar el pleno en el que aprobarlas, puesto que se han incrementado en cinco millones más.

Así, el conseller insular ha ahondado que en la UE hay una serie de «ayudas básicas» y otras «no básicas», como es el caso por una coyuntura económica «extraordinaria». Sobre estas segundas, ha apuntado que el Tribunal de Justicia de la UE ha dictado sentencias en las que ve «razonable» que se establezca un requisito de cinco años de residencia para dar una «igualdad de trato» con respecto a los nacionales.