La justicia balear aún no ha decidido sobre la discriminación del español en la selectividad

La asociación de profesores PLIS, Educación por favor, adherida a la plataforma Escuela de Todos junto a Sociedad Civil Balear y que lucha por un bilingüismo real en la enseñanza en las Islas, exige que el TSJB se pronuncie de forma urgente sobre el recurso presentado para que los alumnos de las PBAU, antigua selectividad, puedan disponer de los exámenes en catalán y castellano y no sólo en catalán como pretende hacer el Govern en funciones de Francina Armengol.

El colectivo urge al alto tribunal a decidir antes del 6 de junio, que es cuando arrancan las pruebas de acceso a la universidad en Baleares, para evitar que haya discriminación lingüística. Desde PLIS recuerdan que las instrucciones de reparto de los exámenes en esta comunidad autónoma establecen que se darán los enunciados y protocolos en catalán y que sólo se facilitará ejemplares en castellano a aquellos alumnos que se signifiquen y lo soliciten expresamente.

Denuncian en un comunicado que si no se rectifica esta instrucción, puede perjudicar a aquellos alumnos que no quieran identificarse públicamente para pedir el examen en castellano. «Es probable que por no significarse haya alumnos que acepten los enunciados y protocolos en catalán y no puedan demostrar al máximo nivel sus conocimientos y competencias, obteniendo una nota final inferior a la que les correspondería».

PLIS interpuso el pasado 18 de mayo ante el TSJB un recurso contencioso por vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y la educación recogidos en los artículos 14 y 27 de la Constitución. También solicitó la suspensión cautelarísima de las instrucciones lingüísticas por discriminatorias y perjudiciales para los estudiantes de las Islas.

El alto tribunal aún no ha tomado una decisión sobre adoptar las medidas cautelares y este colectivo de docentes cree que «de no hacerlo de forma inmediata, será imposible para los alumnos beneficiarse de su derecho a disponer de los ejercicios en castellano en las mismas condiciones que los alumnos que lo deseen hacer en catalán».

Explican que el magistrado Pablo Delfont ha cuestionado de oficio la legitimación activa de la asociación PLIS y ha concedido, a su juicio, «un desmesurado plazo de 10 días a las partes para realizar alegaciones. Se ha de tener en cuenta que se está ante un procedimiento de derechos fundamentales y que estos asuntos se tramitan de forma preferente».

PLIS ha presentado alegaciones expresando su estupor ante «la inusual decisión del Tribunal, que ha obviado que existe un criterio del Tribunal Supremo que rechaza que se pueda plantear la cuestión de la legitimación activa antes de resolver sobre la petición de medidas cautelarísimas».

Además, detallan que existe un precedente que apoya este recurso. En 2021, dos días antes de las pruebas de acceso a las universidades de Cataluña, el TSJC dictó, a solicitud de la Asamblea para una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), un auto en el que ordenaba repartir en las mismas condiciones los ejercicios en castellano y en catalán a los alumnos que realizaban la prueba.

Este criterio fue ratificado en sentencia del TSJC y el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por la Generalitat contra las medidas cautelares. En aquel procedimiento el TSJC consideró legitimada a la AEB para solicitar el reparto equitativo y sin presiones de los ejercicios y en la sentencia ha considerado que repartir primero los exámenes en catalán y sólo entregarlos en castellano a los que soliciten los ejercicios es discriminatorio y contrario a los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 y 27 de la CE.