Ibiza ya tiene orden judicial para tirar el último gran poblado de chabolas donde malviven 130 saharauis
Son temporeros que trabajan hasta octubre y subsisten en una finca privada en barracones y tiendas de campaña
El Ayuntamiento ha propuesto al juzgado materializar el desalojo el próximo 21 de abril a las 10:00 de la mañana
El Ayuntamiento de Ibiza ya tiene orden judicial para desmantelar el último extenso y vasto poblado de chabolas donde viven 130 personas sin hogar y donde los saharauis, todos ellos hombres, conforman la abrumadora mayoría de habitantes de este asentamiento.
Tras recibir el pasado 20 de marzo una notificación de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma, que autoriza la entrada, desmontaje y limpieza de esta parcela conocida como Sa Jovería, el Ayuntamiento ha propuesto al juzgado llevarlo a cabo el próximo 21 de abril a las 10:00 de la mañana.
El Consistorio había solicitado a los propietarios de la parcela el pasado mes de noviembre, mediante un procedimiento de orden de ejecución, exigir el cumplimiento del deber de conservación de la propiedad con la retirada exhaustiva de los residuos y demás actuaciones necesarias en la parcela.
Ante la imposibilidad de hacerlo por parte de la propiedad, se inició un procedimiento judicial que autoriza ahora sí, la entrada, desmantelamiento y limpieza de dicha parcela, que posteriormente será vallada para evitar que esta situación se vuelva a producir.
En esta parcela se habían ido estableciendo infraviviendas, casetas y tiendas de campaña, entre otras, donde subsisten, se estima, unas 130 personas, en su mayor parte temporeros que, cuando termine la temporada turística, regresarán a la península gran parte de ellos, aunque no todos.
Según los últimos recuentos realizados por la Policía Local y los servicios sociales del Ayuntamiento, las personas que allí malviven lo hacen sin unas condiciones mínimas de higiene y seguridad, sin fosas sépticas, sin agua potable, sin tratamiento de residuos.
También existe un grave riesgo tanto para la salud como su seguridad, al existir riesgo de plagas y un alto riesgo de incendio, ya que se han identificado hornillos, estufas, bombonas de gas y demás elementos destinados a cocinar y a hacer fuego.
El alcalde de Ibiza del PP, Rafael Triguero, ya avisó el pasado mes de octubre que los dos principales asentamientos de la ciudad se encontraban en vía judicial, y que esta actuación responde a criterios de salud pública, seguridad y protección del entorno.
«No podemos permitir que se consoliden situaciones que implican condiciones indignas y riesgos para las personas. El Ayuntamiento actuará con firmeza, pero también con sensibilidad, ofreciendo apoyo a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad», afirmó el primer edil.
Entre la documentación presentada por el Ayuntamiento y que forma parte del expediente y procedimiento judicial se encuentran varios informes de distintos organismos y entidades.
Estos alertan de ausencia de servicios básicos, la acumulación de residuos sólidos y vertidos líquidos, y la proliferación de plagas (mosquitos, roedores e insectos), potenciales vectores de transmisión de enfermedades.
Además, en estos informes se señala riesgo ambiental y sanitario asociado por posible contaminación del suelo y, en su caso, de aguas subterráneas, así como aumento del riesgo de episodios infecciosos vinculados a condiciones de higiene insuficientes.
El hospital de Can Misses también alertó del uso no autorizado de instalaciones y suministros del centro por personas ajenas al centro, así como un aumento de la carga operativa sobre los servicios de seguridad, desinsectación y desratización.
Los informes técnicos también destacan el daño al medio ambiente y el alto riesgo de incendios y su propagación, debido a la presencia de muchos objetos inflamables y elementos para hacer fuego.
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