El Govern de Prohens no pide la dimisión de Le Senne pero tilda su comportamiento de «poco afortunado»

El Govern balear que encabeza la popular Marga Prohens ha tildado de «poco afortunado» el comportamiento del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), que desde el martes está en el centro de la polémica por expulsar de la Cámara a dos diputadas del PSOE que exhibieron fotos de víctimas del franquismo durante el debate sobre la derogación de la ley de Memoria Democrática, pero no considera que deba dimitir.

Así lo ha asegurado el portavoz del Ejecutivo autonómico y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, que ha explicado que «el comportamiento no fue todo lo afortunado que debería haber sido. Y me quedo aquí. Si no se hubiese producido determinado comportamiento, habría sido bastante mejor».

Por ello, Costa ha afirmado que le corresponde al propio Le Senne dar las explicaciones pertinentes sobre este asunto a la vez que ha hecho un llamamiento a «rebajar la tensión» que a veces, según él, se alcanza en los debates parlamentarios.

Clima tenso el que se vivió este pasado martes en el Parlament balear cuando Le Senne decidió expulsar de la Mesa a dos diputadas del PSOE, Mercedes Garrido y Pilar Costa, y romper la foto de la comunista Aurora Picornell, una represaliada del franquismo cuyos restos fueron encontrados en 2022 en el cementerio de Son Coletes, Manacor.

La izquierda presenta un moción de remoción contra Le Senne

Un hecho que ha provocado la furia de la izquierda balear, ahora en la oposición, formada por el PSOE, Podemos, y los independentistas de Més, que este miércoles ya han activado el mecanismo para apartar a Le Senne de la presidencia de la Cámara balear ya que consideran una «negligencia notoria y grave» su actuación.

De esta manera, han presentado un escrito en el que piden que se convoque un pleno extraordinario para debatir y votar una moción de remoción que saldría adelante con el voto a favor de 3/5 partes de la Cámara. El texto explica que el presidente ordenó de forma «arbitraria y desproporcionada y sin aval reglamentario», la retirada de las fotos de Picornell que estaban pegadas a los ordenadores de las diputadas socialistas.

Así, la oposición ha defendido que exhibir las fotos «no puede en ningún caso incardinarse» dentro de los supuestos recogidos en el artículo 118 del Reglamento del Parlament balear y consideran la actuación de Le Senne de «extremadamente grave e inédita» que «requiere una respuesta institucional».

Con todo, consideran que la decisión del presidente de la Cámara se tomó de forma «arbitraria y sin adecuación al marco normativo que rige la organización, funcionamiento y actividad del Parlament. La actitud agresiva y reprobable del presidente, arrancando físicamente las fotos de las víctimas del portátil de la vicepresidenta segunda constituyen un acto de violencia que ni es tolerable ni tiene cabida en una institución democrática».

El Gobierno de Sánchez estudia acciones legales

Por otro lado, el Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez estudia llevar a cabo acciones legales contra Gabriel Le Senne por su comportamiento «fuera de lugar, incomprensible y cruel», según ha dicho en el Congreso de los Diputados la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Así, el Gobierno central tomará una decisión en base a informes de los servicios jurídicos del Ministerio y de la Abogacía del Estado. «Una vez tengamos esos informes actuaremos en consecuencia, si procede», ha apuntado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El ministro socialista ha asegurado que el comportamiento de Le Senne fue «lamentable» y le atribuye una actitud «agresiva» y fuera de la normalidad. Además, le reprocha que en base a su cargo debería ser ordenar los debates «y no ser el ‘hooligan’» de la Cámara.

Considera además que todos los integrantes del Congreso de los Diputados deberían condenar estos hechos porque cree que lo que intenta hacer Vox, junto al PP es llevar a cabo una «involución» en la Historia al querer derogar la ley de Memoria. Advierte además de que quien no condena estos actos «antidemocráticos y fuera de cualquier ética» termina siendo «cómplice» de los mismos.