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El Govern balear advierte de que Sánchez usa a los ayuntamientos como escudo en la regularización

Alcaldes del PP piden la suspensión de la regularización de migrantes por el caos en los ayuntamientos

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha criticado la falta de planificación por parte del Gobierno central en los primeros días de entrada en vigor del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha dejado «colas y colapso» en las oficinas municipales que deben expedir los informes de vulnerabilidad.

Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, ha considerado que el primer día, este jueves, «evidenció la absoluta improvisación e irresponsabilidad» de la medida. «Es una regularización masiva por decreto que después recae sobre las espaldas de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Sánchez invita y Baleares paga», ha dicho.

El vicepresidente primero del Govern ha considerado que «las colas y el colapso» que se dieron en las oficinas de los servicios sociales municipales, que deben expedir el certificado de vulnerabilidad —uno de los supuestos para poderse acoger a la regularización—, se debieron a la «falta de información» y la «insuficiencia de medios».

«El Gobierno ha usado a los ayuntamientos como escudos, porque un certificado de vulnerabilidad no es un papel que se dé sin más, sino que implica una valoración que no se hace en cinco minutos. ¿Se pueden imaginar el colapso que eso puede suponer?», ha advertido.

Para Costa, los «primeros perjudicados han sido aquellos a quienes supuestamente quiere beneficiar la medida», las personas migrantes «que hacen colas kilométricas» que en ocasiones no sirven para obtener los documentos requeridos.

Preguntado por la posibilidad de que el Govern, pese a exceder sus competencias, pudiera brindar algún tipo de apoyo a los ayuntamientos para que este aumento de la carga de trabajo no afecte al resto de servicios municipales, el portavoz ha vuelto a cargar la responsabilidad sobre el Ejecutivo central.

«La responsabilidad no es de los ayuntamientos, sino del Gobierno de España y de la Delegación. Lo que ahora no puede suceder en ningún caso es que la responsabilidad caiga sobre nosotros, que digan que son los ayuntamientos quienes no ponen más medios», ha sentenciado.

El recurso judicial

Cuestionado acerca del recurso que el Govern pretende presentar ante el Tribunal Supremo para tumbar y suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes, Costa ha dicho que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma siguen trabajando en él.

«Están estudiando la fórmula para interponer el recurso», ha incidido. La presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, reconoció el miércoles la dificultad jurídica derivada del hecho de que la migración es competencia exclusiva del Estado.

El portavoz, aunque ha asegurado que todavía no está claro cuál es el argumento jurídico que presentarán ante el Supremo, ha deslizado la posibilidad de cuestionar la validez de que la normativa haya sido aprobada por la vía del decreto.

Los alcaldes de Baleares del PP piden la suspensión del proceso

Los alcaldes del PP de Baleares han reclamado este viernes la suspensión de la regularización extraordinaria de inmigrantes por el caos generado, a su juicio, en los ayuntamientos.

En una comparecencia recogida en una nota de prensa, el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, ha afirmado que en el primer día del proceso se ha evidenciado «que esta regularización extraordinaria la aprueba el Gobierno central, pero recae sobre la espalda de los ayuntamientos y de sus trabajadores, colapsando los servicios y poniendo en riesgo la atención a los vecinos».

Los alcaldes han explicado que el primer día del proceso provocó «una avalancha de personas» en las oficinas municipales de atención ciudadana y servicios sociales para solicitar el certificado de vulnerabilidad, requisito necesario para la regularización.

Esta situación se tradujo en largas colas, servicios desbordados y «una situación de caos absoluto en muchos ayuntamientos», ha afirmado.

Además, algunos consistorios llegaron a triplicar el número de llamadas en una sola jornada. Según ha denunciado Llompart, «el Gobierno de España no solo no había informado previamente a los ayuntamientos, sino que durante toda la jornada hubo una falta absoluta de instrucciones claras sobre el protocolo a seguir para emitir estos certificados».

Esta desinformación, ha lamentado, generó aún más confusión, hasta el punto de que personas se desplazaron entre municipios pensando erróneamente que podían obtener el documento en cualquier ayuntamiento.

«El resultado es que cada ayuntamiento tuvo que gestionar la situación como pudo, con los trabajadores desbordados y al límite», ha añadido el primer edil de Marratxí. En muchos casos, ha apuntado, los consistorios solo pudieron registrar las solicitudes, aplazando la emisión de los certificados y acumulando citas para los próximos días, lo que compromete la atención a otras necesidades de los residentes.

Los alcaldes han alertado también del contexto de presión demográfica que viven las Islas, con un incremento constante de población y el impacto de la inmigración irregular. En este sentido, han recordado que en los últimos cinco años han llegado cerca de 20.000 personas en situación irregular a las islas, y que este año la cifra ya ha aumentado un 20 por ciento respecto al anterior.

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”