Estafa inmobiliaria en Mallorca: vende una casa y se queda con la parte de su socio tras arrebatarle el cheque

Un vecino de Mallorca se enfrenta a dos años de cárcel por ser el presunto autor de un delito de apropiación indebida tras una operación inmobiliaria que terminó en engaño. Los hechos se remontan a 2017, cuando el procesado acordó con el copropietario de una vivienda en Llucmajor la compra de su 50% de participación. El trato fijaba un precio de 80.000 euros por la mitad indivisa de la finca.

El desglose del pago, en un principio, parecía claro. El comprador retendría 57.000 euros para cancelar la parte proporcional de la hipoteca pendiente de su socio, mientras que los 22.000 euros restantes se tenían que entregar al vendedor mediante un cheque nominativo. El contrato, además, contenía una condición: el cobro no se haría efectivo hasta que se lograra una nueva financiación o se vendiera la casa a un tercero.

Sin embargo, el momento de la firma derivó en una situación inesperada. Según el escrito de acusación, nada más finalizar la rúbrica del documento público, el acusado le arrebató físicamente el talón de las manos al vendedor. El procesado justificó el gesto asegurando que así se garantizaba que el cheque no sería ingresado antes de lo pactado.

La supuesta estafa se consumó dos años después, en 2019. En esa fecha, el inmueble fue vendido íntegramente a un tercero por un valor de 225.000 euros, una operación que incluía la parte que el acusado ya debía haber liquidado a su antiguo socio.

Pese a que la venta a terceros liberaba la restricción del cobro, el acusado nunca hizo entrega del cheque ni abonó la cantidad adeudada. La Fiscalía sostiene que el procesado actuó con un claro ánimo de enriquecimiento ilícito, haciendo suya la cuantía de 22.000 euros y dejando al perjudicado sin su compensación económica.

Por todo ello, el Ministerio Público califica los hechos como un delito de apropiación indebida, exigiendo para el acusado dos años de prisión y el pago de una indemnización de 22.000 euros al denunciante en concepto de reparación por el daño económico causado.