Denuncian al alcalde separatista de Manacor por aprobar normas de ruido sin informes técnicos

El alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver, y varios de sus concejales están en el centro de una fuerte polémica legal tras la denuncia presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares por supuestas irregularidades en el procedimiento que regula las zonas de protección acústica del centro de la ciudad.

El recurso, presentado por un empresario, respaldado por los abogados Antonio Ledesma y Eduardo Luna, sostiene que el expediente que da origen a la Declaración de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) en cinco calles céntricas carece de los documentos básicos exigidos por la ley. Entre ellos se incluyen mapas de ruido, planes zonales, mediciones sonométricas y la propia ordenanza municipal de protección acústica.

El escrito judicial señala de forma explícita al alcalde Miquel Oliver, a la concejala de Urbanismo, Núria Hinojosa, y al concejal de Medio Ambiente, Mateu Marcè, solicitando que se les aperciba personalmente con multas coercitivas de hasta 1.200 euros cada 20 días en caso de persistir la negativa a completar el expediente. La denuncia acusa a la Administración de intentar dar por concluido un proceso que, según los denunciantes, no cumple con los requisitos legales mínimos.

«Un expediente de ZPAE sin mapas de ruido ni mediciones técnicas es, en la práctica, inexistente», señalan los abogados en el recurso. Según ellos, el informe presentado por la ingeniera municipal se limita a registrar llamadas de vecinos a la Policía Local, una medida que consideran insuficiente para fundamentar la restricción de derechos ciudadanos y la limitación de la actividad económica en la zona.

La ZPAE busca regular el ruido en el centro de Manacor, restringiendo horarios y actividades para proteger a los vecinos. Sin embargo, los denunciantes aseguran que la normativa municipal se ha basado más en percepciones y quejas vecinales que en mediciones científicas objetivas. El informe de la ingeniera, según la denuncia, admite que cada actividad individualmente cumple con los límites legales de ruido, lo que pone en duda la justificación de la zona protegida.

Asimismo, el informe del asesor jurídico del Ayuntamiento, que pretendía avalar la competencia municipal para aprobar la ZPAE, es señalado por los denunciantes como jurídicamente insuficiente, ya que no demuestra que se hayan seguido los procedimientos técnicos y legales que la ley exige.

La polémica ha generado preocupación tanto entre los residentes como entre los comerciantes del centro de Manacor. Algunos hosteleros advierten de que podrían enfrentarse a cierres anticipados o restricciones de horario sin que existan mediciones de ruido que los respalden. «Si no hay datos científicos, ¿cómo podemos saber si estamos haciendo algo mal? Esto afecta directamente a nuestro trabajo y a nuestra economía», comenta un propietario de bar céntrico que prefiere mantener el anonimato.

Por su parte, asociaciones vecinales reconocen la necesidad de medidas de protección acústica, pero subrayan que éstas deben estar avaladas por estudios objetivos y no solo por quejas individuales. La falta de mapas de ruido y sonometrías, según los denunciantes, convierte la norma en una herramienta arbitraria que restringe derechos sin base técnica.

La denuncia no busca impugnar directamente la ZPAE, sino que el tribunal ordene a la Administración que aporte los documentos que deben formar parte del expediente. La presentación del recurso incluye la advertencia de multas coercitivas personales a los responsables políticos, un mecanismo poco habitual que busca asegurar que se cumpla con la legalidad.

Los abogados del denunciante argumentan que la omisión de estos documentos constituye un vicio de nulidad radical y que, de no corregirse, cualquier medida restrictiva aplicada sobre vecinos o comercios podría considerarse ilegal.

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares aún no se ha pronunciado sobre el requerimiento de completación del expediente. Su resolución marcará un precedente sobre cómo deben gestionarse las zonas de protección acústica en Baleares y hasta qué punto los responsables políticos pueden ser sancionados personalmente por incumplir procedimientos legales.

Mientras tanto, vecinos y empresarios siguen atentos a los próximos movimientos, conscientes de que el resultado del caso podría afectar a la vida cotidiana y la actividad económica en el centro de Manacor durante los próximos meses. La tensión entre la protección del descanso vecinal y la libertad de actividad económica parece lejos de resolverse y la denuncia directa al alcalde sitúa a la política local en el ojo del huracán mediático.