Colas kilométricas y caos en las oficinas municipales en Palma por la regularización masiva de inmigrantes

Colas kilométricas y caos en las oficinas municipales en Palma por la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esto ha provocado un colapso en la atención al público en las denominadas Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de la ciudad, como ha sucedido esta mañana en la ubicada en el Parque de los Ceibos.

Allí son cientos los inmigrantes que hacen cola en busca del denominado certificado de vulnerabilidad que emiten los servicios sociales municipales para acogerse a esta regularización extraordinaria aprobada por decreto por el dirigente socialista.

Según ha asegurado el alcalde Jaime Martínez, este proceso ha generado un incremento notable de la afluencia a las oficinas municipales, con colas desde primera hora de la mañana y una presión que, según ha indicado, está afectando al funcionamiento habitual de estos servicios.

Martínez ha declarado que esta situación se está produciendo en un contexto en el que no se dispone de información suficiente sobre el alcance de la regularización, ni sobre los criterios que se están aplicando.

En este sentido, ha manifestado que ni el propio Ejecutivo central, ni los organismos implicados, han concretado el número de personas que podrían acogerse al proceso. «Esto es lo que le tenemos que agradecer a Pedro Sánchez por esta improvisación», ha ironizado.

El alcalde ha reiterado que el Ayuntamiento está asumiendo una carga de trabajo adicional en sus servicios públicos sin disponer de los recursos ni de la planificación necesaria para gestionarla. Según ha indicado, esta situación recae directamente sobre los trabajadores municipales y, por tanto, puede afectar a la calidad de la atención a la ciudadanía.

Asimismo, ha apuntado que las oficinas municipales han registrado cerca de 300 personas en una sola jornada y que se han formado colas de centenares de metros que, según ha dicho, han llegado hasta el entorno del edificio de Gesa en las primeras horas del día.

Esta situación contrasta con lo manifestado por el secretario general de la Delegación del Gobierno central en Baleares, Rubén Castro, que ayer mismo negaba que el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes vaya a suponer un colapso de los servicios públicos, como así está sucediendo, porque afirmó que «se trata de personas que ya los están utilizando a día de hoy».

«Son personas que ya están entre nosotros», afirmó Castro, que incluso rechazó que el despliegue de la medida derive en una afluencia masiva a los servicios públicos.

«Son personas que ya están entre nosotros, residen aquí y ya han estado haciendo uso de servicios públicos a los que tienen derecho y que algunas administraciones del PP les niegan», afirmó sin concretar caso alguno.

El alcalde, por contra, ha opinado que esta medida «incontrolada» de legalización va a hacer que aumente la presión en el mercado inmobiliario en Palma, y que afectará a las políticas de vivienda promovidas desde el Ayuntamiento.

Martínez ha sostenido por ello que el Ayuntamiento no puede seguir absorbiendo «de forma unilateral» esta presión administrativa y ha pedido que se concreten los criterios del procedimiento, así como el impacto real que tendrá en los servicios públicos.

Vulnerabilidad

Además, el alcalde ha señalado que los Servicios Sociales tendrán dificultades para realizar el informe de vulnerabilidad social que se debe emitir en este proceso.

Así, ha destacado la dificultad para cuantificar datos que se tienen que incluir en el informe, como los contratos de trabajo de las personas migrantes o cuántas de estas personas forman un núcleo familiar.