Marga Prohens, tras el registro de Ferraz: «La legislatura del Gobierno ha acabado»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha dado la legislatura del Gobierno por finalizada tras el registro en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz y ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones. «La legislatura ha acabado, que den la voz ya a los ciudadanos, que dejen de secuestrar la democracia y que convoquen elecciones hoy mismo», ha subrayado.

De este modo se ha expresado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido a la sede nacional del PSOE en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado caso Leire.

«Después de haber descubierto ayer una nueva vergüenza del ex presidente Zapatero, hoy vemos cómo la UCO ha entrado en Ferraz y no sólo en Ferraz, también en las sedes territoriales, investigando una presunta trama de financiación ilegal», ha señalado.

La presidenta ha denunciado públicamente la «hipocresía» del PSOE, al entender que «si esto hubiera pasado en el PP», ella no podría haber participado en la presentación de una nueva exposición en la Llotja, como ha hecho la mañana de este miércoles acompañada del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

«La legislatura del Gobierno ha acabado; el Gobierno no gobierna desde hace muchos meses. ¿Se imaginan si hoy hay algún ministro, o el presidente, que está pensando en los problemas de los ciudadanos? ¿O están pensando hasta dónde llega la UCO, o en la mujer, el hermano, los dos ex secretarios de Organización o el líder espiritual?», se ha preguntado.

En ese contexto, Prohens ha exigido al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que convoque elecciones anticipadas «hoy mismo». «Den la voz ya a los ciudadanos, dejen de secuestrar la democracia», ha incidido.

En cualquier caso, la líder autonómica ha descartado la posibilidad de que su partido presente una moción de censura. «Es el momento de que los partidos que fueron cómplices de que Sánchez llegara a la Moncloa se pronuncien. El PP no es cómplice de que un personaje como Sánchez llegara a la Moncloa, pero el PNV y Junts sí. Es el momento de que se pronuncien ellos», ha zanjado.

El registro de Ferraz

El requerimiento de documentación que ha motivado el registro de Ferraz lo ha ordenado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por una pieza separada que instruye y que afecta a Leire Díez, la presunta ‘fontanera’ vinculada al PSOE, y también al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

El juez ha ordenado, en el marco de estas pesquisas, que los agentes se personen igualmente en los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y del exdirigente socialista en Andalucía Gaspar Zarrías. Las diligencias también afectan al empresario Javier Pérez Dolset, entre otros.

Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, declaró en el marco de la investigación en los Juzgados de Plaza de Castilla, que instruye Arturo Zamarriego, que contrató a Leire Díez para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según precisó, llegó a pagar 4.000 euros mensuales durante cuatro meses a la exmilitantes socialista.

El pasado 8 de mayo, el juez Pedraz prorrogó un mes más el secreto de sumario en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI, según confirmó Europa Press de fuentes jurídicas.

Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán.

La UCO rastrea comisiones

La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones «implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI» en un total de cinco operaciones bajo sospecha.

Los tres habrían formado parte de un grupo llamado Hirurok dirigido a orientar «diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública», según consta en un auto del magistrado Antonio Piña, quien estaba de guardia el día que pasaron a disposición judicial.

Entre 2021 y 2023, Díez, Fernández y Alonso habrían actuado de manera coordinada con el objetivo «de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones» a través de «contratación y facturación mendaz», según la investigación.

En conjunto, habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones «y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas» y entidades vinculadas a la SEPI en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.