La Abogacía de Armengol acusó a Antifraude de «deslealtad» por denunciar los contratos de la pandemia

La Abogacía de Baleares acusó a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, conocida como Oficina Antifraude, de «deslealtad institucional» por fiscalizar los contratos de la adquisición de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, entre los que se encontraba el del caso Koldo. Ello cuando la actual presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, era la jefa del Ejecutivo balear.

Una acusación que se recoge en el informe de la Oficina Antifraude, al que ha tenido acceso OKDIARIO. «La primera de las alegaciones formuladas (por la Abogacía) hace referencia a la falta de lealtad institucional de la Oficina hacia las diferentes administraciones y los demás órganos de control interno y externo», señala documento.

Y es que, según las alegaciones de la Abogacía para que finalizara el procedimiento de investigación sobre la compra de mascarillas, «la Oficina debería haber esperado al resultado de los controles de la actividad económica y financiera a los que está sometida la comunidad autónoma» y haber «pedido informes jurídicos antes de llegar a las conclusiones a las que llega» en lo que se refiere a los contratos.

Aquí cabe recordar que la directora de la Abogacía era Lourdes Aguiló Benassar, que fue diputada del PSOE en el Parlament balear y mano derecha de Armengol durante su mandato en el Ejecutivo autonómico. Aguiló contestó al primer informe de la Oficina Antifraude sobre los contratos de la adquisición de la compra de mascarillas, acusando al citado organismo de ser «desleal» con las instituciones.

Ante esa acusación, desde Antifraude le recordaron las competencias que tiene esta Oficina: «Realizar estudios y análisis de riesgos previos en actividades relacionadas con contratos, ayudas o subvenciones públicos» e «investigar posibles casos de uso o destino irregulares de fondos públicos». Asimismo, le contestaron que el directo de la Oficina «puede iniciar de oficio las actuaciones por iniciativa propia cuando tenga conocimiento de hechos o conductas que requieran ser investigados, inspeccionados o de los que se haga un seguimiento».

Armengol abusó de los contratos a dedo

En el informe que se ha citado anteriormente, también se recoge que Armengol abusó de adjudicar a dedo contratos de mascarillas a «empresas desconocidas» durante los meses más duros de la pandemia, entre marzo y junio de 2020.

En el documento, en el que se cita a la empresa de Soluciones de Gestión (vinculada al caso Koldo) se destaca que la que fuera presidenta de Baleares hizo de mascarillas «para más tiempo del necesario, utilizando la contratación de emergencia, con proveedores desconocidos y a los precios que imponían estos».

En el caso de la empresa de la trama Koldo, Armengol desembolsó 3,7 millones de euros por 1,4 millones de mascarillas que resultaron ser fraudulentas. Los pagó utilizando un procedimiento de contratación de emergencia de cuyo abuso alertó, sin resultado alguno, la Oficina Antifraude.

En este sentido, hay que recordar que, como publicó OKDIARIO, el Govern balear dio el visto bueno a la compra de las mascarillas pese a saber que no cumplían los requisitos exigidos. El Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) emitió en 2020 un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a la empresa clave del caso Koldo a pesar de que ya había recibido los resultados de los análisis que constataban que el material no cumplía los requisitos de una mascarilla FFP2.

A pesar de ello, el Ejecutivo de Armengol aceptó pagar las mascarillas al precio máximo. Pagó 0,726 euros por unidad, cuando el precio medio era de 0,424.