40 años imponiendo lo que llaman libertad

Hay aniversarios que se celebran con alegría sincera y otros que se organizan con esa sonrisa rígida de quien sabe que conviene aplaudir. Lo de la Obra Cultural Balear pertenece a la segunda categoría: 40 años de una ley que se vende como convivencia cuando en realidad ha funcionado como filtro, como requisito, como frontera administrativa.

Se insiste en que todo empezó con consenso, con esa foto amable de 1986 en la que nadie parecía querer molestar a nadie. Pero conviene recordar quién estaba allí: la derecha de entonces, la que hoy conocemos como Partido Popular, aunque aún no se llamara exactamente así, levantando la mano junto a la izquierda. Esa misma derecha que hoy finge sorpresa ante las consecuencias de una ley que ayudó a poner en marcha. No es un despiste: es una tradición. En Baleares, el PP ha sido muchas veces la muleta discreta de políticas que luego critica en voz baja.

La izquierda, por su parte —con el Partido Socialista Obrero Español y sus socios habituales—, no ha disimulado nunca su entusiasmo por convertir la lengua catalana en herramienta política. Donde ven cultura, colocan ideología; donde dicen proteger, terminan imponiendo. Y entre unos y otros han construido durante décadas un sistema que premia la adhesión y castiga la discrepancia.

Porque aquí está el punto incómodo: la llamada «normalización» no se ha limitado a garantizar derechos, sino que ha creado obligaciones. Ha convertido el idioma en una barrera de acceso, en un requisito que condiciona oportunidades laborales, en un elemento de presión cotidiana. Todo ello envuelto en discursos elegantes, de esos que hablan de identidad mientras olvidan a las personas.

Uno se imagina al ciudadano medio —ese que no sale en los actos ni en las fotos— intentando navegar entre trámites, oposiciones y servicios públicos, consciente de que no basta con cumplir, sino que además hay que hacerlo en el idioma correcto. Y si no, paciencia. O resignación. O ambas.

Mientras tanto, la celebración continúa. Discursos solemnes, aplausos medidos y esa sensación de unanimidad que tanto gusta en política. Se repite que la ley fue aprobada por todos, como si eso la convirtiera en incuestionable. Pero la historia no es un museo cerrado. Lo que ayer se votó con entusiasmo hoy puede —y debe— ser derogado sin miedo.

Desde la visión de Vox, el problema es claro: se ha confundido la defensa de una lengua con la imposición de una forma de pensar. Y en ese error han coincidido tanto la izquierda como un PP que, cuando gobierna, modera el discurso pero rara vez desmonta el sistema que dice criticar. Mucho gesto, poca valentía.

La cultura, cuando es auténtica, no necesita decretos para sobrevivir. No requiere requisitos ni certificados. Vive en la gente, en la calle, en lo cotidiano. Convertirla en obligación la transforma en trámite. Y un trámite, por muy bien intencionado que sea, nunca genera afecto.

Quizá por eso esta conmemoración suena hueca. Porque no celebra solo una ley: celebra también una forma de hacer política basada en el acuerdo cómodo entre partidos que prefieren no tocar lo que les garantiza estabilidad, aunque incomode a muchos.

40 años después, el balance no es tan luminoso como se quiere presentar. Y tal vez ha llegado el momento de dejar de aplaudir por inercia y empezar a preguntarse, con cierta honestidad, si aquello que se llamó normalización no ha terminado siendo, en realidad, una imposición perfectamente normalizada.

• David Gil es portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca.