El director del ‘centro del horror’ de Ateca seguirá en prisión: «Hay riesgo de fuga»

• Paula Ciordia @paulaciordia
• Zaragoza
• Periodista y filóloga. Corresponsal en Aragón.
• • 02/10/2024 16:12
  • Actualizado: 02/10/2024 16:12

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha considerado que hay riesgo de que el director del centro de menores de Ateca se fugase si sale de prisión. De esta manera, los magistrados de la sala tercera han desestimado el recurso del director del centro de Ateca y de la ONG que pedía su libertad, de forma que seguirá en la cárcel de Zuera, con los cuatro trabajadores más.

El director del centro de menores de Ateca, Iván Rodríguez, había formulado el recurso de apelación para solicitar la libertad después de que la jueza instructora, Aída Ramírez, le enviará a prisión provisional y sin fianza el pasado dos de agosto por tener indicios de posibles delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal.

Sin embargo, los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial Provincial han desestimado el recurso, e Iván Rodríguez seguirá en prisión. Con ello, la Audiencia respalda nuevamente la determinación de la jueza, dado  que este lunes los magistrados han desestimado también el recurso de otro de los trabajadores encarcelados, por considerar que sí hay indicios suficientes para haber tomado esta decisión, dado que la presión punitiva a la que se enfrentan así mismo es lo suficientemente grave (unos 14 años de prisión mínimo).

La ONG apoya al director

Si bien, lo llamativo del recurso presentado por el director del centro de Ateca en prisión, es que tanto la Fundación Salud y Comunidad como la Asociación de Asistencia Integral Lagunduz, están apoyándole en todo este proceso, al adherirse al recurso presentado por el abogado que lleva el caso, para para intentar sacarle de la cárcel. Pues hay que tener en cuenta que Iván Rodríguez, era la persona que llevaba ya un año al frente de la dirección del centro de menores, cuando tomó el relevo de Daniel Urbina.

El escándalo que cierne a dicha fundación es muy grave, dado que varios menores internos han declarado ante el juez que sufrieron maltratos, vejaciones en el centro de Ateca, y que se les obligaba a practicar juegos sexuales entre los menores y los menas que estaban internos.

Además de haberse denunciado por el momento al menos una agresión sexual a una menor de 16 años, por parte de dos menas en la que estarían presentes uno de los trabajadores como cómplice. Un hecho que habría sido supuestamente consciente de ello también el ex supervisor del centro, Miguel Ángel V. P., quien también está imputado como «colaborador necesario».

Sin embargo, durante todo este tiempo ninguna de estas empresas que gestionaban el supuesto centro terapéutico para menores con problemas de conducta (y que siguen gestionando decenas de centros sociales por toda España), no han hecho ni una sola declaración pública al respecto. Y eso que el Gobierno de Aragón ha roto todos los contratos que tenía con la Fundación Salud y Comunidad a la que pagaba 1,2 millones de euros al año por los servicios concertados con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

El director del centro de Ateca en prisión

Uno de los motivos que se apoyaba la defensa del director para solicitar la puesta en inmediata libertad era que «no se entendía con claridad» lo que había dicho la representante del Ministerio Fiscal en la comparecencia, por lo que pedían la nulidad.

Sin embargo, en el auto de desestimación, que ha tenido acceso OKDIARIO, los magistrados consideran que si bien «no se entiende bien lo que dice la representante del Ministerio Fical», «los presentes en el acto lo entendieron correctamente pues ninguna observación hicieron al respecto en aquel momento». Sostienen que el abogado que ahora firma el recurso de apelación «es el mismo que en aquella comparecencia», y que «nada dijo sobre la calidad de la grabación ni en qué medida podía verse afectado su derecho de defensa por tal motivo».

Más testimonios de menores

Así mismo los magistrados tampoco han considerado la alegación del abogado del director respecto a que, en el momento de decretar la prisión provisional, «sólo se contaba con las manifestaciones de dos menores». Al respecto, la Audiencia de Zaragoza advierte de que «se van a ir acumulando denuncias interpuestas por menores ingresados en el centro por hechos en los que van a estar implicados en mayor o menor intensidad las personas investigadas».

Además, los magistrados consideran que la jueza tuvo en cuenta el testimonio de una menor, poniendo de relieve «la tardanza en llevarla al médico», concluyendo que el director «había incumplido gravemente su función de garante y que había tenido, de esa manera, intervención en la comisión de delitos que califica de delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones en agresión, agresión sexual contra menor de 16 años y de pertenencia a grupo criminal».

El director podría fugarse

En cuanto al riesgo de fuga, el abogado, en el recurso que presentó, se quejó de que el objetivo de evitar el riesgo de fuga enviándolo a la cárcel no es tal. Sin embargo, los magistrados, al igual que en el caso del otro trabajador marroquí que recurrió la prisión provisional, sí que ven «riesgo de fuga», dado que «hay que tener en cuenta que los hechos que se imputan y se han indicado más arriba son graves y tienen previstas unas penas en consonancia con su gravedad, algo de especial trascendencia para valorar este riesgo», explican en el auto.

«Se trata de una pena de considerable extensión», añaden, al referirse a los mínimo «catorce años» a los que se enfrenta por los delitos imputados. Además consideran que hay «posibilidad de que atentar contra bienes jurídicos de las víctimas».

«Hay que tener presente que se trata de menores de edad, que presentan una doble vulnerabilidad por el hecho de ser menores de edad, cuyas circunstancias personales les llevaron a residir en un centro de características especiales como el que nos ocupa. A esto debe sumarse que todavía se está en una fase de determinación de las víctimas y que se trata de personas perfectamente conocidas e identificables por el apelante», concluyen.