Aragón interpone el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

• Paula Ciordia @paulaciordia
• Zaragoza
• Periodista y filóloga. Corresponsal en Aragón.
• • 09/09/2024 10:56
  • Actualizado: 09/09/2024 11:40

Este lunes, ha sido finalmente el día elegido por el Gobierno de Aragón para interponer el anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. «Es la mayor ignominia que se ha cometido contra el principio de igualdad de todos los españoles», ha sostenido la vicepresidenta de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Economía, Mar Vaquero, tras dicha presentación del recurso, alertando que el pacto entre Sánchez y Junts per Catalunya, incluyó también el referéndum de autodeterminación, así como la cesión del 100% de todos los tributos a Cataluña. 

Si la semana pasada tomó la delantera el PP, entre el lunes y el martes será el turno de las comunidades autónomas que finalmente decidan registrarlo, puesto que el plazo termina el próximo día 11 de septiembre, es decir, el miércoles, al publicarse la ley en el Boletín Oficial del Estado el pasado 10 de junio, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. De ahí que en Castilla y León se registre mañana, y la Comunidad Valenciana se reúna esta misma tarde de forma extraordinaria para aprobar el recurso y presentarlo, como la Comunidad de Madrid.

En el caso de Aragón, al punto de la mañana de este lunes, exactamente a las 8:09 am, los servicios jurídicos del Ejecutivo aragonés han presentado dicho recurso, tal y como se comprometió el pasado dos de septiembre el presidente Jorge Azcón, en la apertura del nuevo curso político, por considerar que se produce «una quiebra total del Estado de Derecho, consagrado en el art. 1 de la Constitución». «Por vulneración del valor superior de justicia y el principio de separación de poderes, de modo que se excluye del control judicial al poder político», añaden en la justificación.

¿En qué sentido? El recurso presentado explica que, de acuerdo con la Constitución Española, que corresponde sólo a los jueces y Tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo, admitiéndose como única excepción el «indulto individual». En este sentido, en el recurso presentado por Aragón, se sostiene que la Ley de Amnistía infringe el principio de separación de poderes, en cuanto supone la sustitución del poder judicial por el poder legislativo. De ahí que, según sostiene desde el Gobierno de Aragón, se haya tratado de justificar «la necesidad de esta ley sobre la base de la conveniencia de desjudicializar la situación».

El recurso contra la amnistía en Cataluña presentado por Aragón, se basa en dos ideas fundamentales. En primer lugar, la vulneración del principio de exclusividad e independencia del Poder Judicial y, por ende, en la separación de poderes. En segundo lugar, en la vulneración de los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, seguridad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que conlleva a su vez a la infracción de la obligación de los poderes públicos para promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

¿Amnistía?: Reforma de la Constitución

Según sostiene el recurso presentado por Aragón, para poder llevar a cabo este tipo de amnistía, habría que previamente «reformar la Constitución», puesto que «no la prevé», «habiéndose rechazado en el proceso constituyente las enmiendas que pretendían incluirla, sin que las Cortes Generales puedan hacer valer ningún poder en la materia, dado que la amnistía es una función distinta de la genérica potestad legislativa».

Hay que recordar que este ley se gestó en los pactos suscritos entre el PSOE con Junts per Catalunya, como insisten desde el Ejecutivo aragonés, el pasado 9 de noviembre en Bruselas, donde los secesionistas se comprometieron a votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno de España, a cambio de la Ley de Amnistía, que debía incluir «tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos».

Además, advierten que dicho pacto  incluyó también el compromiso de celebración de un referéndum de autodeterminación, la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas con la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña, así como la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales.