Una mafia regulariza ilegalmente en Granada a más de 2.000 inmigrantes de origen marroquí

Si esta misma mañana caía una mujer que se lucraba a costa de empadronar falsamente a inmigrantes ilegales para, de este modo, facilitar su regularización, esta tarde se ha conocido que la Policía Nacional ha detenido a una red de 18 personas que había ‘regularizado’ de manera ilegal a más de 2.000 inmigrantes de origen marroquí, sólo en Granada.

Según ha anunciado la Policía, esta mafia facilitaba un conjunto de documentación falsificada como nativo o descendiente de la antigua colonia española del Sáhara Occidental para conseguir permisos de residencia o directamente la nacionalidad española.

La red ahora desmantelada habría iniciado su andadura en Granada en 2017 procedente de Jaén, estableciéndose como un despacho de abogados, el cual ya había sido investigado anteriormente por este mismo tipo de hechos.

Al frente de este despacho se encontraba una abogada de nacionalidad española, la cual ha sido detenida junto a una empleada, además de un número importante de ciudadanos marroquíes vinculados a la organización como traductores o como beneficiarios de la nacionalidad o permisos de residencia solicitados a través del mencionado despacho, el cual habría tramitado hasta el 80% de las solicitudes presentadas en los organismos administrativos granadinos.

El modus operandi de esta red delictiva gira en torno a los beneficios otorgados a los nativos o descendientes de la población que habitó en las dos provincias del Sáhara Occidental en tiempos del gobierno colonial español, es decir entre 1958 y 1976, a quienes se les otorgó la nacionalidad española de pleno derecho, tal y como lo certifica la expedición de dnis, pasaportes y libros de familia.

Como consecuencia del ius sanguinis que se expresa básicamente bajo la fórmula «son españoles los hijos de padre o madre española», los habitantes de la colonia del Sáhara Occidental y sus descendientes, hijos o nietos, pueden conseguir permisos de residencia e incluso la nacionalidad, de una forma más rápida y ventajosa frente a otros ciudadanos marroquíes.

De esta forma, incluso algunos marroquíes que ya disfrutaban de permisos de residencia decidieron ponerse en manos del mencionado despacho de abogados para tramitar un expediente de regulación como supuestos saharauis.

Pensiones

Para dar más apariencia de saharaui a quienes solicitaban un permiso de residencia o la nacionalidad, y otorgar mayor credibilidad al expediente, se aportaba un justificante de percibir una pensión del Ministerio de Defensa, como miembro o integrante del Ejército español durante la época colonial, pensión a la que también tienen derecho las viudas o huérfanos de éstos.

Este hecho ha permitido destapar, además de la falsaria relación familiar de los supuestos saharauis con el perceptor de la pensión, el cobro fraudulento de pensiones de este tipo por parte de falsos militares, sus viudas o hijos, cuya cuantía oscila en torno a 600 euros mensuales, y para cuya obtención fraudulenta se habrían aportado los mismos documentos que han sido declarados falsos.

La organización criminal cobraba a sus representados entre 4.000 y 12.000 euros por el trámite de una autorización de residencia o la nacionalidad, encargándose de aportar la documentación falsificada, la cual incluía las traducciones juradas del árabe o francés preceptivas e igualmente falsas.

Tan sólo en Granada se habrían regularizado ilegalmente, a partir de finales del 2.015, más de 3.000 marroquíes. Todas las nacionalidades y permisos de residencia otorgados en base a este aporte documental falsario están siendo extinguidas o revocadas.

Esta organización criminal ya había actuado en otras, provincias como Oviedo, Badajoz, Cáceres, Murcia, Sevilla, Córdoba y Almería, habiendo sido condenados varios de sus miembros. Hasta el momento se ha detenido a un total de 18 personas, en relación con estos hechos, en Granada, Jaén, Málaga, Cádiz, Alicante, Gerona o La Coruña, quienes ya han sido puestas a disposición judicial. La investigación sigue abierta y existe la posibilidad de nuevas detenciones en un futuro.