Una interventora ve «chocante» que la Junta socialista de Andalucía diera préstamos «sin procedimientos»

La interventora de la Junta de Andalucía, María Luisa Raya, que dirigió un informe de control financiero en el ejercicio 2012 de Invercaria, ha señalado, en el juicio que investiga más subvenciones irregulares de la etapa socialista al frente del Gobierno autonómico, que le resultaba «chocante» que el Ejecutivo diera préstamos a través de Invercaria «sin procedimientos preestablecidos».

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este miércoles una nueva sesión del juicio de la pieza separada de las irregularidades investigadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta socialista de Andalucía, relativa al presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación detectado en los prestamos concedidos entre 2006 y 2011 a la diseñadora de moda flamenca Juana Martín, una causa dirigida contra la citada modista, el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el exdirector de promoción de la entidad Cristóbal Cantos, denunciante del caso; y Antonio Nieto, exdirector financiero.

Durante esta sesión ha testificado la interventora general de la Junta de Andalucía, María Luisa Raya, quien ha analizado durante su comparecencia la naturaleza de Invercaria y sus préstamos participativos.

Y es que la causa gira en torno a un primer préstamo participativo de 120.000 euros de Invercaria a la sociedad inicial Juana Martín Diseño; sobre otro préstamo participativo de 50.000 euros para la posterior entidad Juana Martín Andalucía y sobre la inversión global de un máximo de 900.000 euros aprobada por Invercaria para la actividad en cuestión; en la que la sociedad Juana Martín Diseño se dedicaba a la confección de moda flamenca y la posterior entidad Juana Martín Andalucía a la apertura de tiendas de ropa en Andalucía y después fuera de la región.

Impagos

Mientras tales préstamos participativos habrían ido «venciendo» sin «ser atendidos los pagos» dada la situación del proyecto en plenos años de la anterior crisis financiera mundial de 2008, según la que fuera presidenta de Invercaria Laura Gómiz, otrora investigada en las actuaciones, la Policía Nacional considera que «gran parte del dinero» librado por Invercaria para apoyar la actividad de Juana Martín no estaría «debidamente justificado».

Invercaria

En ese contexto, María Luisa Raya ha explicado que a la hora de acometer dicho informe de control financiero del ejercicio 2012 de Invercaria, en la entidad no figuraban aspectos relacionados con las inversiones en la actividad de Juana Martín porque dicho proyecto de inversión había sido ya reconducido a la sociedad Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía-Inverseed.

María Luisa Raya, en cualquier caso, ha rememorado que las conclusiones del citado informe eran «desfavorables» excepto en el caso de un apartado respecto al cual no mediaba el «informe de seguimiento necesario» para emitir una «opinión».

Discrecionalidad

Especialmente, ha explicado que cuando confeccionó el mencionado informe de control financiero le «chocaba» que pese a que dos órdenes autonómicas de incentivos abarcaban como instrumento regulado los préstamos participativos, en el caso de Invercaria tales préstamos fuesen concedidos sin «un procedimiento preestablecido» gracias al cual se descartarse cualquier «discrecionalidad» en la asignación de fondos públicos.

Admitiendo que se trata de su «opinión al margen del informe» y que no analizó los expedientes correspondientes a las inversiones acordadas por Invercaria, María Luisa Raya ha insistido en que le «choca» que pesando dos órdenes autonómicas de incentivos que incluían los préstamos participativos, Invercaria otorgase tales préstamos participativos «sin que se supiesen los motivos» por los cuales eran elegidas las entidades beneficiarias de los mismos.

Tratándose de la administración de fondos públicos, según ha dicho, es necesario «demostrar que no hay discrecionalidad» a la hora de asignarlos, avisando de que un préstamo con fondos públicos concedido «sin sujeción a procedimiento» puede ser entendido como «una ayuda» pública.