La Guardia Civil desmantela una red que explotaba a inmigrantes irregulares y estafó más de 30.000 euros a agricultores en Sevilla y Huelva
El principal investigado captaba a inmigrantes en situación irregular aprovechándose de su extrema vulnerabilidad económica
La Guardia Civil calcula que esta actividad provocó pérdidas superiores a los 30.000 euros a varios agricultores
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la localidad sevillana de El Real de la Jara dedicada a la explotación laboral de personas extranjeras en situación irregular y a la comisión de estafas contra propietarios de explotaciones agrícolas de las provincias de Sevilla y Huelva. La operación, denominada BAETIS CISTUS, se ha saldado con la detención del cabecilla de la trama y la investigación de otras tres personas por su supuesta colaboración en las tareas de supervisión y transporte de los trabajadores.
La investigación comenzó el pasado mes de enero, cuando varios ciudadanos extranjeros denunciaron las condiciones abusivas a las que estaban siendo sometidos por un empresario agrícola de la zona. A partir de esas informaciones, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de La Rinconada inició una investigación que permitió descubrir una organización que obtenía beneficios tanto de la explotación de trabajadores como de la estafa a propietarios de fincas agrícolas.
Según las investigaciones, el principal investigado captaba a inmigrantes en situación irregular aprovechándose de su extrema vulnerabilidad económica. Una vez aceptaban trabajar para él, eran trasladados a una nave industrial situada en El Real de la Jara, donde llegaron a convivir hasta 18 personas hacinadas y en condiciones de absoluta insalubridad. El inmueble carecía de baños, duchas y de cualquier requisito mínimo de habitabilidad.
Los investigadores comprobaron que el empresario abonaba el salario durante los primeros días para ganarse la confianza de los trabajadores. Sin embargo, poco después dejaba de pagarles de forma sistemática y, además, les exigía cantidades diarias por alojarse en la nave y por el transporte hasta las explotaciones agrícolas donde desempeñaban su labor. Esta situación provocaba que los empleados acumularan deudas con el propio responsable de la organización.
Cuando alguno de ellos reclamaba el dinero que se le adeudaba, el detenido respondía con amenazas de muerte, tanto mediante mensajes telefónicos como exhibiendo un machete y otras armas blancas de grandes dimensiones. Además, utilizaba perros de razas potencialmente peligrosas para intimidar a los trabajadores y evitar cualquier reclamación.
La investigación también permitió descubrir una segunda línea de actividad delictiva relacionada con el sector agrícola. El ahora detenido ofrecía a propietarios de fincas importantes beneficios económicos por encargarse de la recolección de sus cosechas. Sin embargo, una vez recogido el producto, lo vendía directamente en almazaras de las provincias de Badajoz y Huelva, apropiándose íntegramente del dinero obtenido sin entregar cantidad alguna a los dueños de las explotaciones.
La Guardia Civil calcula que esta actividad provocó pérdidas superiores a los 30.000 euros a varios agricultores, además de importantes perjuicios derivados de la apropiación indebida de productos agrícolas.
Como resultado de la operación, el principal investigado ha sido puesto a disposición judicial como autor de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, estafa continuada, amenazas y apropiación indebida. Asimismo, otras tres personas están siendo investigadas por un presunto delito de cooperación necesaria.
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