El ex alcalde de Cádiz Kichi es procesado por prevaricación en el fichaje de un asesor de Podemos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha dictado un auto de procesamiento contra el exalcalde de Cádiz, José María González, Kichi, y varias personas de su equipo por su posible participación en un delito de prevaricación administrativa y revelación de secretos en relación con el desempeño que tuvo un asesor de su partido en el consistorio.

El auto de procedimiento abreviado pone fin a la instrucción que se inició por una denuncia de CC. OO. que acusó a un asesor de Por Cádiz sí se Puede de hacer tareas en el Ayuntamiento entre noviembre de 2018 hasta abril de 2019, fecha en la que obtuvo una plaza como técnico de la administración general y se integró en la plantilla municipal del Ayuntamiento. Y abre la posibilidad de enjuiciar los hechos.

Según el auto, «puede sostenerse en términos de provisionalidad» que Kichi; David Navarro González Santos (entonces concejal del Área de Personal), José Vicente Barcia Magaz (jefe de Gabinete de Alcaldía), José Ramón Páez Pareja (asesor de Alcaldía) y Laura Jiménez Ortega (concejala Delegada del Servicio de Turismo) «habrían impuesto» mediante órdenes verbales, «y en base a una decisión política», que el asesor del partido Fernando García Acuña, participara en procesos de contratación municipal sin tener cobertura legal para ello y «condicionando la actuación de los funcionarios legalmente habilitados».

«Se le permitió que ocupara un despacho municipal, se le insertó en el tráfico de comunicaciones del Ayuntamiento con funcionarios, asistió a reuniones, impuso criterios en expedientes de contratación y se comportó como un funcionario cuando no lo era», indica el juez.

García Acuña «no tenía la condición de funcionario público, ni personal laboral ni tampoco personal eventual, sino asesor del Grupo Municipal Por Cádiz sí que se puede» y actuó en el área de contratación del Ayuntamiento «con la ficción de tratarse de personal eventual designado por el gobierno municipal».

«Bajo la cobertura que le daban los investigados, tenía acceso a los expedientes de contratación y daba indicaciones, que eran de obligado cumplimiento, a los funcionarios de carrera del citado Ayuntamiento, los que tenían que acatar las órdenes del mismo en los expedientes de contratación en los que intervenía, ante el respaldo público del que gozaba por parte de los investigados», relata.

En el auto el juez acuerda seguir las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado y pide al fiscal y a las acusaciones personadas, CC. OO. y PP, que en el plazo de cinco días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa.

Kichi y su formación han enmarcado siempre este caso en el «‘lawfare’ a la gaditana», por el que el exalcalde sumó durante sus ocho años de mandato 17 denuncias que fueron archivadas.

Según ha sostenido, el asesor implicado en este caso ayudaba al alcalde y sus concejales, con un contrato externo a través del partido, trabajaba en las dependencias del grupo municipal y con medios que facilitaba el partido.