Carteles de ‘sólo sí es sí’ en un prostíbulo de El Ejido con mujeres explotadas y rituales esotéricos

• David García de Lomana @lomanadavid
• Redactor en OKDIARIO Andalucía. Antes en COPE y MARCA Plus.
• • 23/02/2024 17:53
  • Actualizado: 23/02/2024 18:53

Un chamán, mujeres obligadas a ejercer la prostitución, rituales esotéricos y carteles del sólo sí es sí en las puertas. Es el escenario que se encontró la Policía Nacional en un prostíbulo de El Ejido (Almería) regentado por una pareja, que ha sido detenida por presuntos delitos de explotación sexual y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los arrestados forzaban a mujeres en situación de «especial vulnerabilidad» a ejercer la prostitución en condiciones «infrahumanas» y bajo un estricto régimen de reglas y control exhaustivo.

El hombre, de nacionalidad cubana, era el presunto encargado de captar a las trabajadoras. Buscaba inmigrantes que residieran en España de manera irregular y se hacía pasar por una especie de chamán, «amenazándolas con rituales esotéricos que les provocarían el mal» tanto a ellas como a sus familiares.

Su mujer era la encargada de gestionar la «rutina» del prostíbulo y sometía a las víctimas a un férreo «control», dando a las trabajadoras instrucciones precisas sobre lo que tenían que decir a la Policía en caso de una inspección. Además, y según recoge la investigación, colocó en las puertas de la casa-burdel carteles de sensibilización institucional con el eslogan sólo sí es sí, en alusión a la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Las mujeres denunciaron que la detenida las controlaba las 24 horas del día a través de un circuito cerrado de televisión y utilizaba el audio del sistema para darles continuas instrucciones, incluso cuando ésta se hallaba fuera del local. Las 13 chicas que llegaron a ejercer la prostitución en la casa se turnaban para dormir en un par de sofás, ya que las habitaciones se reservaban para dar servicio a los clientes.

Presiones, multas y drogas

Según explicaron las víctimas, recibían presiones constantes a través de un sistema de multas para «no parar de realizar sus servicios sexuales»: debían estar disponibles todos los días del año, a cualquier hora del día o de la noche, y no podían decidir por ellas mismas si aceptaban o no a los clientes. Tampoco podían rechazar ninguna de las prácticas sexuales que éstos les proponían, incluyendo el sexo sin medidas de protección, y si el cliente les ofrecía sustancias estupefacientes, debían aceptar «para complacerles».

Asimismo, las trabajadoras relataron a los investigadores que en caso de negarse o superar el tiempo fijado para el servicio «perdían su recaudación» y podían ser «expulsadas de la casa», empujadas a «subsistir sin ningún recurso».

En los registros, la Policía Nacional hizo acopio de cuadernos de cuentas donde quedaba acreditado que la detenida se quedaba con cantidades que oscilaban entre «el 40 y el 50% de los servicios». Además, restaba del dinero final los gastos en higiene, alimentos, consumiciones o preservativos, «llegando incluso a extender préstamos con intereses que rozaban la usura».

Una de las víctimas declaró que aguantaba esta situación «con tal de no volver a su país», donde era perseguida por razón de su orientación sexual, mientras que otras estaban «tan desesperadas» que se planteaban aceptar todo tipo de ofertas de sus clientes, que les proporcionaban alojamiento «a cambio de convertirse en sus esclavas sexuales».