Alta tensión en Sevilla por un okupa violento y chulo con la propietaria: «Entro y salgo cuando quiero»
Teresa, una mujer con una propiedad privada en el municipio de Espartinas (Sevilla), vio cómo el pasado jueves se quedaba sin su casa. Un okupa, con total impunidad, amenaza desde la propiedad de Teresa con sacar una escopeta a quien intente echarle y provoca constantemente a los vecinos que se concentran frente al domicilio para protestar contra la okupación.
El okupa de Teresa, que tiene su coche aparcado frente al domicilio sin ningún tipo de vergüenza, se comporta con una actitud chulesca, aunque cobarde, detrás de la persiana que no le pertenece. «Yo entro y salgo cuando quiera», responde cuando OKDIARIO le pregunta qué hace en una casa que no es suya. «Yo de aquí no me muevo», explica.
El okupa, que dice que ha comprado la casa por 800 en un portal de inmuebles de banco, reventó las puertas y cambió sus cerraduras el pasado jueves, sobre las tres de la tarde, junto a su mujer y sus hijos. «La propietaria me ha declarado la guerra. Y si quiere guerra, pues guerra», explica el delincuente, que continúa desafiante: «Ahora porque es el boom, pero yo voy a sacar a mis niños al parque».
Teresa explica a OKDIARIO que el okupa, que ha puesto hasta su nombre en el buzón, tiene la seguridad de que puede permanecer ahí, pues «la Guardia Civil nos dice que no puede actuar sin la orden de un Juez». La consecuencia: «Este hombre se ha hecho fuerte en la casa».
Tan fuerte, que desafía a vecinos, periodistas, inquilina y todo aquel que inste al okupa a abandonar la propiedad que no le pertenece. «Si yo entiendo que no es mi casa, pero ese no es mi problema», continúa.
Rafael García Ortiz, diputado provincial de Sevilla por Vox, ha ido hasta en tres ocasiones a las puertas de la casa de Teresa a protestar contra el okupa. «Se está creando una inseguridad en el pueblo tremenda porque cualquiera tiene miedo de dejar su casa vacía, que te la quitan y encima con total impunidad», explica Ortiz, que recuerda que «la okupación debería ser un delito contra la propiedad privada».
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