Afectados por el boom de las placas solares en Andalucía: «Nos expropian la tierra con una ley de Franco»

• Paula Ciordia @paulaciordia
• Jaén
• Enviada especial
• Periodista y filóloga | Vox | Inmigración | Wokismo | Taurina en Entre Pitones | paula.ciordia@okdiario.com
• • 14/05/2026 05:48
  • Actualizado: 14/05/2026 08:24

La expansión acelerada de las plantas solares en Andalucía ha abierto una profunda grieta en el campo andaluz. Decenas de propietarios denuncian sentirse «desamparados» ante proyectos fotovoltaicos que, aseguran, se imponen sobre sus tierras recurriendo a mecanismos legales heredados del franquismo. OKDIARIO viaja a Jaén para conocer la situación de los afectados por la expropiación forzosa de sus olivares para instalar placas solares.

«Nos expropian la tierra con una ley de Franco», lamentan agricultores afectados en provincias como Jaén, Córdoba o Sevilla, donde el despliegue renovable avanza a toda velocidad. Los afectados denuncian que esta herramienta procede de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, aprobada durante el régimen franquista y todavía vigente.

El Gobierno de Sánchez defiende la descarbonización como una prioridad estratégica. El Ejecutivo de Juanma Moreno también presume de que la potencia instalada de energías renovables ha crecido, reforzando la idea de la soberanía energética frente a crisis internacionales y shocks energéticos.

Sin embargo, sobre el terreno, muchos vecinos consideran que la transición ecológica se está realizando «a costa del mundo rural». El principal foco de indignación está en la declaración de utilidad pública de numerosas instalaciones energéticas, una figura jurídica que permite la expropiación forzosa de terrenos privados.

«Te llega una carta diciendo que tus tierras son de utilidad pública y prácticamente no tienes margen para negarte», explica Juan, un afectado del municipio de Lepera (Jaén) cuya finca está afectada por una macroplanta solar.

En Andalucía, la región con mayor potencial solar de España, el fenómeno se ha multiplicado. Y denuncian que Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (conocida como Ley Lista), aprobada en 2021, por la Junta, impulsada por la Consejería de Fomento, ha fagocitado las expropiaciones. Fondos de inversión y grandes energéticas buscan suelo barato y extensiones amplias para levantar parques fotovoltaicos gigantescos. Plataformas vecinales, como la de Campiña Norte, en Jaén, denuncian que algunos municipios están viendo cómo miles de hectáreas agrícolas cambian de uso en cuestión de meses, especialmente en zonas de campiña y olivar tradicional.

«Nos hablan de energía verde, pero aquí lo que vemos es que las grandes compañías vienen, ocupan miles de hectáreas y nosotros perdemos nuestras explotaciones», señala su portavoz, Rafael Alcalá, a OKDIARIO.

Las críticas no se limitan al impacto económico. También alertan de consecuencias ambientales y sociales. «Se está expulsando población del campo y sustituyendo olivares o cultivos por mares de placas», denuncia. Agricultores y colectivos vecinales reclaman una planificación «más equilibrada», que priorice el autoconsumo o los terrenos degradados antes que el suelo agrícola productivo.

En este contexto, Vox ha intensificado su ofensiva política contra la implantación masiva de megaplantas solares en Andalucía. El partido ha llevado iniciativas a distintos parlamentos e instituciones reclamando una moratoria para frenar proyectos que impliquen la pérdida de tierras fértiles y el arranque de olivos centenarios. En esta campaña electoral, Vox ha denunciado sobre el terreno que el modelo actual beneficia a grandes fondos de inversión y multinacionales energéticas mientras «condena al agricultor tradicional».

El líder nacional, Santiago Abascal, ha criticado duramente lo que considera una «colonización energética» del campo español, acusando al candidato popular Moreno Bonilla de impulsar políticas «ideológicas» que destruyen empleo agrario y alteran el paisaje rural. En la misma línea, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado públicamente el arranque masivo de olivares para instalar placas solares y ha advertido de que muchos municipios corren el riesgo de perder parte de su identidad agrícola en favor de «macroproyectos especulativos».

También el sindicato Solidaridad ha elevado el tono contra la expansión fotovoltaica sobre terrenos agrícolas, desplegando una pancarta gigante en mitad del olivar jienense. La organización sindical asegura que numerosos trabajadores del campo están viendo amenazado su modo de vida y acusa a las administraciones de «abandonar al mundo rural». Desde Solidaridad reclaman una regulación más estricta para impedir expropiaciones forzosas y proteger explotaciones agrarias consideradas estratégicas.

Mientras tanto, la Junta de Andalucía insiste en que las renovables son imprescindibles para combatir la emergencia climática y reducir la dependencia energética exterior. Desde Moncloa recuerdan que las medidas aprobadas buscan precisamente «hacer a España más resiliente» y abaratar la factura energética de hogares y empresas.