Un total de 660 cargos de confianza se verán afectados por el relevo en la Junta de Andalucía

El inminente cambio de gobierno que está previsto que se materialice la próxima semana en la Junta de Andalucía -con la llegada del Ejecutivo de coalición que conformarán PP-A y Ciudadanos (C’s) con el ‘popular’ Juanma Moreno como presidente- afectaría a 660 cargos de confianza, de los que 273 son altos cargos y asimilados, entre los que figuran 141 que tienen derecho a una asignación económica con motivo de su cese siempre que, además, acrediten como mínimo un año de desempeño como personal alto cargo.

Entre dichos 660 cargos de confianza figuran 273 altos cargos y asimilados -altos cargos de empresas públicas-, 239 eventuales y 148 contratos de alta dirección del sector instrumental, según datos oficiales facilitados por la Junta a Europa Press.

De acuerdo a los mismos datos, el sector público de la Junta de Andalucía cuenta con 270.101 empleados públicos, de los que 242.797 –un 89,9% del total– pertenecen a la Administración General y Sectores, y 27.304 –el 10,10%– al sector instrumental.

Entre los 242.797 trabajadores de la Administración General y Sectores, un total de 96.451 son del sector de docencia no universitaria, que es así el bloque más numeroso, aventajando ligeramente al de instituciones sanitarias –con 95.184 trabajadores– y situándose por delante de la Administración general –con 43.641 empleados públicos– y la Administración de Justicia, que concentra 7.521 trabajadores.

Los 660 cargos de confianza con los que cuenta la Junta representan el 0,20% del total de empleados públicos de la Administración autonómica. Entre dichos cargos, los 273 altos cargos y asimilados suponen el 0,10% de la Administración General y Sectores, al igual que ocurre con los 239 eventuales, mientras que los 148 contratos de alta dirección del sector instrumental representan el 0,50% sobre el total de empleados del sector instrumental.

Puestos de libre designación

A todo ello hay que añadir que la Junta cuenta con 2.137 funcionarios de libre designación en la Administración General, que son funcionarios de carrera por oposición y jefes de Servicio tras el procedimiento público interno convocado. Esta cifra representa el 0,90 por ciento del total de empleados del bloque de Administración General y Sectores.

Los puestos de trabajo de libre designación están regulados por la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y se proveen mediante convocatoria pública anunciada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), indicando los requisitos exigibles a los funcionarios que aspiren a desempeñarlos.

Pueden ser de libre designación el puesto superior jerárquico de cada unidad o dependencia administrativa y los puestos de especial asesoramiento y colaboración personal, de acuerdo al artículo 26 de la citada ley.

Desde la Junta subrayan que el personal que ocupa puestos de trabajo de libre designación «está sometido a los principios de imparcialidad, servicio al interés general, objetividad y sometimiento pleno a la ley y al Derecho y, en todos los casos, se trata de personal funcionario de carrera», de modo que quedan excluidos quienes previamente no hayan aprobado una oposición.

Además, desde la Junta defienden que el número de plazas identificadas como de libre designación ha ido reduciéndose en los últimos años, pasando de los 2.425 computados en abril de 2016 a los citados 2.137 actuales.

Cesantías

La Junta cifra en 268 el número de sus altos cargos y asimilados, de los que 141 tienen derecho a una asignación económica con motivo de su cese siempre que, además, acrediten como mínimo un año de desempeño como personal alto cargo.

En concreto, tienen derecho a dicha cesantía la actual presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz; el vicepresidente y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, y los titulares de las 12 consejerías restantes del Gobierno saliente.

También, 100 titulares de viceconsejerías, secretarías generales, secretarías generales técnicas y direcciones generales; 19 titulares de los centros directivos de los Servicios Centrales de las Agencias administrativas y agencias de régimen especial, y ocho titulares de las delegaciones del Gobierno andaluz.

La Junta precisa que, de los 268 cargos referidos, la mayoría –un total de 199– son altos cargos, pertenecientes a la Administración General, los sectores de educación, sanidad y justicia y las agencias administrativas, mientras que los 69 restantes son asimilados a altos cargos, 50 del sector instrumental y 19 de otras instituciones.

Inventario de entes

Por otro lado, la Junta ha realizado un inventario de entes dependientes de la comunidad autónoma que incluye 69 que pertenecen al sector público andaluz más 12 agencias administrativas que se someten al régimen de Administración general, siendo su personal exclusivamente funcionario y personal laboral del VI Convenio Colectivo, según detalla.

Entre los referidos 69 entes del sector público andaluz figuran la Agencia Tributaria de Andalucía, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), los consorcios metropolitanos de transporte, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) o Cetursa Sierra Nevada, que gestiona la estación de esquí granadina.

Además, el inventario contabiliza 108 entes que no pertenecen al sector público andaluz, de los que 33 están en extinción. En concreto, la Junta cuenta con 23 consorcios –diez de ellos en extinción–, entre los que están el Consorcio Federico García Lorca o el del Parque de las Ciencias de Granada; 57 fundaciones –once en extinción– y 28 sociedades mercantiles, 12 de ellas en extinción.

El inventario de entes dependientes de la comunidad incluye también 25 de tipo variado que no tienen la consideración de «administración instrumental», entre las que figuran las diez universidades públicas andaluzas, el Consejo de Transparencia y el Consejo Audiovisual, así como los 77 Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) que están pendientes de que culmine su proceso de extinción o liquidación.