El primer auto de procesamiento de Taula contra ex cargos del PP llega 5 años después de las detenciones
El caso Taula por fin tiene su primer auto de procesamiento cuando están a punto de cumplirse cinco años de las primeras detenciones. Corría el 26 de enero de 2016, cuando saltó el caso que haría correr ríos de tinta tras la detención del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; de la ‘cajera’ del PP de la capital del Turia, Mari Carmen García-Fuster o la imputación de todo el grupo municipal popular de la época de Rita Barberá. Sin embargo, la pieza que la juez sustituta, pues el magistrado titular está de baja, ha sacado adelante, es una de las más pequeñas, la relacionada con varios contratos con el Ayuntamiento de Valéncia, así como la financiación de la campaña de un exalcalde del PP.
Los procesados son, el exgerente de la empresa pública Imelsa, el autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent; su presunto testaferro Rafael García Barat, las funcionarias María Francisca Tamarit y María Amparo Albors, exdirector financiero de Imelsa, José enrique Montblanc, el exalcalde de Moncada y ex vicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina, además de varios empresarios, todos ellos procesados como responsables civiles subsidiarios.
La magistrada los procesa por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y blanqueo de capitales. Ahora tienen tres días para recurrir la decisión de la juez.
Sin embargo, dos nombres propios se quedan fuera de la causa por prescripción: la exconcejal de Valencia, Mayrén beneyto, y el actual diputado del PP, Vicente Betoret. Ambos fueron señalados en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pero cuando lo investigadores quisieron entrar más a fondo, sus presuntos delitos habían prescrito por apenas meses, hecho que no les ha salvado de quedar retratados en el auto de procesamiento.
Financiación irregular
Según el auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, las dos cosas que se investigaban eran «la operativa contractual entre la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y la empresa Thematica Events», así como la prestación de servicios de dicha empresa a las candidaturas de Vicente Betoret y Juan José Medina «para las elecciones municipales de 2008».
El presunto testaferro García Barat constituyó la empresa, pero posteriormente, y con un contrato privado, le vendió 12.000 participaciones a Benavent. La magistrada explica que, el yonki del dinero, utilizó la sociedad «en beneficio propio consiguiendo de forma fraudulenta determinadas adjudicaciones».
En cuanto a las campañas electorales de Medina y Betoret, afirma el escrito que, «las investigaciones permiten afirmar, indiciariamente, la utilización de fondos públicos desde Imelsa, para sufragar dichos gastos». Así, Medina habría gastado 11.782 euros de dinero público mientras que el actual diputado del PP en el Congreso habría recibido 8.147 euros del erario.
Sobre los gastos electorales, dice el auto que Medina recibió dinero público para, dípticos, trípticos, un boletín publicitario, carteles, el programa electoral, papeletas electorales, y para comprar 50 kilos de caramelos y publicidad en dos periódicos En el caso de Betoret, ese dinero de la Diputación de Valencia que presuntamente recibió se habría utilizado cuatro vallas publicitarias, 3.500 unidades de tarjetas de buzoneo, 3.500 desplegables, 3.500 carteles de campaña, , pancartas de precampaña y campaña, vinilo para un coche así como 3.500 programas electorales, flyers y sobres.
La pieza
La pieza del caso Taula que ha salido adelante es la relacionada con la empresa Themática Events y tiene tres partes. Por un lado, la financiación irregular de Medina, por otro están los contratos del Bibliobús, un autobús que repartía libros en las playas, y por otro los contratos que desde Imelsa se hacían con el museo valenciano MuVim, de los que se desvió dinero para los bolsillos de Benavent y sus ‘testaferros’.
En el caso del Biblibús, los procesados sacaron el contrato sin concurso concurso, aunque este superaba de largo los 18.000 euros de un contrato menor.Para poder conseguirlo, el citado contrato se fracción en varios contratos que fueron facturados por Thematica; y por otras dos empresas de García Barat, Liberty e Iceberg, así como por una tercera, La tienda de Campaña. La UCO cifra en 178.000 euros los beneficios que sacaron de estos contratos.
La otra pata de la mesa era la relacionada con los contratos del MuVim. En ese caso, los procesados hinchaban facturas por trabajos que sí que se habían realizado. Unas veces quien lo hacía la propia Thematica Events pero, en otras ocasiones, se realizaba a través de terceras empresas que el empresario ‘testaferro’ subcontrataba. Con esa mecánica los procesados consiguieron un incremento de 15.000 euros de un contrato que, en realidad, costó 35.000 en un acto sobre árboles centenarios que se celebró en el Muvim de Valencia.
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